Como ya avanzó Libre Mercado, la implantación de la tasa Google implicaría la geolocalización de los clientes. Ya se ha puesto en práctica.
Hacienda acorrala al ciudadano (todavía más). Con la excusa de la tasa Google, la Agencia Tributaria (AEAT) ha comenzado a controlar la localización de los teléfonos móviles de los contribuyentes en un cerco sin precedentes a la privacidad de los particulares.
PSOE y Podemos aprobaron en 2020 sus primeros impuestos, la tasa Tobin y la tasa Google, y comenzaron a cobrarlos en 2021. Como ya anticipó Libre Mercado, la tasa Google iba a obligar a las compañías a localizar los dispositivos de sus usuarios para corroborar que las grandes plataformas digitales tributan en España.
«Se presumirá que un determinado dispositivo de un usuario se encuentra en el lugar que se determine conforme a la dirección IP del mismo, salvo que pueda concluirse que dicho lugar es otro diferente mediante la utilización de otros medios de prueba admisibles en derecho, en particular, la utilización de otros instrumentos de geolocalización», rezaba el texto del Gobierno.
La patronal de las plataformas digitales, Adigital, ya advirtió a este periódico que el reglamento implicaba «unos criterios que no son fáciles de aplicar y vemos que las obligaciones de información son excesivas y rozan la extraterritorialidad».
Pues bien, durante el primer año de la puesta en marcha de esta metodología de geolocalización, Hacienda ha controlado operaciones por valor de 8.000 millones de euros de un total de 216 plataformas digitales, según ha publicado Expansión.
Así, las compañías geolocalizan el dispositivo de sus clientes para determinar desde dónde se ha producido la compra y les envían los datos a la Agencia Tributaria. Si es en España, Hacienda reclama su parte.
Las compañías que están obligadas a vigilar los móviles de sus clientes pertenecen a todo tipo de sectores, desde el envío de comida a domicilio hasta las compras online. A pesar de la voracidad del fisco, la tasa Google ha registrado un estrepitoso fracaso, ya que solo ha recaudado 240 millones, el 25% de lo que preveía el Gobierno para el primer año.
La geolocalización no es la única arma que se ha puesto en marcha en España para rastrear las compras de los clientes.
El País Vasco ya está ensayando un auténtico Gran Hermano fiscal que obliga a comercios o bares a enviar en tiempo real a las Haciendas forales los tickets de compra que emitan al cliente. Hacienda busca algo similar en el resto de España.
