- También incluye medidas que dan mayor protección para la jubilación de algunos colectivos con actividades de más desgaste
- La norma pretende reforzar el vínculo con la investigación y clarifica los requisitos para el acceso a los recursos pesqueros
El Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, una norma que pergiue objetivos de sostenibilidad y el uso más eficiente y flexible de las cuotas de pesca.
Así lo ha anunciado en el Consejo de Ministros de este martes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. La norma deberá ser remitida a las Cortes para someterla al proceso de tramitación parlamentaria, según ha trasladado el ministro.
La nueva normativa pesquera pretende procurar que la actividad pesquera contribuya a la creación de empleo, riqueza y cohesión social de la pesca, además de fortalecer su vínculo con la ciencia. “Se trata del proyecto de ley más importante de esta legislatura en materia pesquera”, ha afirmado Planas en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En esta línea, Planas ha explicado que la norma gira alrededor de dos grandes pilares: sostenibilidad e investigación pesquera. El ministro ha mencionado una «sostenibilidad en un triple perspectiva: ambiental, social y económica».
Así, ha señalado que hay unos recursos limitados y que «deben ser objetivo de preservación», todo «con el fin de dotar a nuestros mares y océanos de buena salud», ha apuntado. Esto es algo muy relacionado con la actividad pesquera, el cambio climático y la utilización de los plásticos.
De forma paralela, busca reforzar el vínculo con la investigación pesquera, ya que «el trabajo científico no es complementario, sino absolutamente necesario para toda la actividad pesquera», ha señalado Planas.
El Ejecutivo ya aprobó en junio de 2021 el anteproyecto de esta ley, que permitía contribuir a la conservación de los recursos pesqueros, poner en valor la función socioeconómica de la pesca en el territorio y estrechar el vínculo entre ciencia y política pesquera para racionalizar el marco normativo.
Además, la aprobación de esta norma es un compromiso programático de este Gobierno y con ella se actualiza la actual Ley de Pesca Marítima del Estado, de 2001.
Limitar el volumen de capturas para fomentar una pesca sostenible
La nueva ley introduce la facultad de adoptar medidas para fortalecer la conservación y uso sostenible de los recursos pesqueros, como la limitación del volumen de capturas o la regulación del esfuerzo pesquero, de los artes y aparejos utilizados, del peso o talla de las especies, o el establecimiento de vedas, siempre de la mano del sector y con la mejor información científica disponible.
Asimismo, se fomenta la declaración de zonas de especial protección o la introducción de medidas preventivas de actividades susceptibles de perjudicar las especies marinas y sus hábitats.
España cuenta con un patrimonio marino que abarca aproximadamente 8.000 km de costa y una superficie de aguas marinas de más de un millón de km2, por lo que proteger los recursos pesqueros es clave para mantener la biodiversidad marina, pero también para asegurar el futuro de la pesca, de cuya actividad dependen multitud de municipios costeros españoles.
Esta es una norma va en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y se produce en el contexto generado por el Pacto Verde Europeo.
Busca garantizar un equilibrio entre la necesaria conservación del medio marino y el desarrollo de una actividad pesquera que sea rentable, resulte atractiva para el desarrollo empresarial y el necesario relevo generacional, y consolide un sector moderno y competitivo.
Cuotas de pesca más flexibles y eliminar la especulación
En materia de gestión pesquera, la ley apuesta por una utilización más eficiente y flexible de las cuotas de pesca. Para ello, clarifica los requisitos para poder desarrollar la actividad y redefine el Registro General de la Flota Pesquera.
Para que se le puedan asignar posibilidades de pesca, los buques tendrán que estar inscritos en el registro general de la flota pesquera, disponer de licencia y estar adscritos a uno o varios censos y modalidades concretos.
«Queremos eliminar cualquier tipo de especulación por parte de personas, que disponiendo de derechos para una cuota, puedan utilizarla como elemento de pura transacción mercantil sin relación con la actividad pesquera», ha explicado Planas.
También se actualizan los criterios de reparto de posibilidades de pesca para a racionalizar y ordenar la explotación de los recursos pesqueros, además de garantizar la máxima seguridad jurídica a los operadores.
En los criterios de asignación de posibilidades de pesca se tendrán en cuenta aquellos que causen un menor impacto sobre los recursos o los que contribuyan en mayor medida a la economía local.
La ley actualiza los mecanismos de transmisión de posibilidades de pesca entre buques, con el doble objetivo de favorecer la planificación empresarial y optimizar el uso de las cuotas y días de esfuerzo que se asignen en España.
De esta forma, cuando las cuotas de pesca no hayan sido usadas durante un determinado periodo de tiempo, la Administración podrá redistribuirlas entre los demás usuarios.
Mejorar la unión entre la pesca y el conocimiento científico
Otro eje de la norma es la gestión de la pesca de recreo en aguas exteriores. Disponer de un mejor conocimiento del impacto en la economía y los recursos pesqueros de esta actividad, que ha tenido un desarrollo exponencial en los últimos años, facilitará la disposición de medidas que se estimen oportunas en cada momento.
Para realizar toda la gestión de la política pesquera, la ley apuesta por el fortalecimiento del nexo entre esta actividad y la ciencia, con el objetivo de que la toma de decisiones esté sustentada en el mejor conocimiento científico y que se garantice un verdadero enfoque ecosistémico que tenga en cuenta todas las interacciones que se producen en el medio marino.
Elementos como el cambio climático, la contaminación por plásticos o las especies invasoras, por citar algunos ejemplos, afectan al estado de los recursos y han de tenerse en cuenta en las campañas de investigación.
Mejores condiciones de jubilación para algunos colectivos del sector
La futura ley también incluye medidas que otorgan mayor protección de cara a la jubilación de algunos colectivos de trabajadores del ámbito del mar y pesquero, cuyas profesiones son especialmente penosas y suponen un gran desgaste.
Las rederas, neskatillas y empacadoras, que hasta ahora no contaban con este trato favorable, tendrán un coeficiente reductor de la edad mínima para percibir la pensión de jubilación del 0,15. Estas ocupaciones son en su mayoría desarrolladas por mujeres.
También tendrán esa consideración las mariscadoras de a pie, que se equiparan así con los mariscadores de a flote, y los buceadores profesionales. «Hablamos de un colectivo de 5.300 trabajadores que se hacen merecedores de un tratamiento más favorable para su jubilación», ha señalado Planas.
La flota española está formada por un total de 8.839 buques. Es la primera de la UE en tonelaje, la segunda en potencia (por detrás de Francia) y la tercera en número de buques (por detrás de Italia y Grecia).
El conjunto de la flota española capturó en el año 2020 cerca de 790.000 toneladas de pescado, de las que 456.232 toneladas (57,8%) fueron en aguas internacionales, 270.394 (34%) en el caladero nacional y 60.243 (7,6%) en aguas comunitarias.
Esta cifra sitúa a la flota española a la cabeza dentro de la Unión Europea y dentro de las 20 primeras a nivel mundial. En referencia a este asunto, también se ha pronunciado el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a través de Twitter.
Una novedad: recursos genéticos para potenciar la seguridad alimentaria
La norma aborda por primera vez la gestión de los recursos genéticos pesqueros, que tienen una enorme potencialidad en el ámbito de la seguridad alimentaria y de los nuevos usos derivados del progreso de la ciencia y la tecnología.
Entre las novedades introducidas en la nueva normativa figura la creación de un Foro Asesor de Pesca, en el que participarán las autoridades pesqueras, los agentes representativos del sector y de la sociedad civil, y que la Secretaría General de Pesca convocara de forma periódica como órgano de consulta, elaboración, seguimiento y asesoramiento para que la política pesquera sea participativa.
Su composición y funciones serán reguladas en un real decreto.