La Generalitat de Cataluña recurre la orden del TSJC que obliga a dar el 25% de las clases en castellano


  • Pide suspender los efectos del auto hasta que se resuelva el recurso por los «graves perjuicios que puede suponer»
  • El TSJC había dado la pasada semana a la Conselleria de Educación un máximo de 15 días para ejecutar la sentencia

La Generalitat ha presentado este martes un recurso de reposición contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a aplicar la sentencia que fija un 25% de las clases en castellano, después de que el tribunal diera a la Conselleria de Educación un máximo de 15 días para ejecutar la orden.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha explicado en rueda de prensa que el recurso pide suspender los efectos del auto hasta que se resuelva el recurso por los «graves perjuicios que puede suponer a toda la comunidad educativa» aplicar esta orden.

El TSJC declaró firme ya el pasado mes de enero la sentencia que impone un 25% de clases en castellano en las escuelas catalanas y dio entonces dos meses de plazo a la Generalitat para que empezara a aplicarla.

El Govern pidió tiempo al Tribunal el pasado mes de abril y le instó a no aplicar la sentencia, ya que, según alegaban, necesitaban tiempo para reformar la Ley de política lingüística y el decreto de uso de las dos lenguas en el sistema educativo.

Òmnium Cultural se ha personado ante el TSJC como parte interesada en contra de la orden de ejecución de la sentencia que obliga a impartir el 25 % de las asignaturas en castellano, y ha pedido la nulidad de las actuaciones y que no se aplique ninguna cuota de enseñanza de lenguas en la escuela.

La personación, según recoge Efe, tiene por objetivo «desplegar todos los recursos jurídicos, ordinarios y extraordinarios disponibles para detener» la ejecución de la sentencia.

El Govern prepara un decreto ley para proteger los centros educativos

Plaja ha destacado que el Govern quiere actuar en todos los ámbitos para defender el catalán ante la sentencia del 25% y ha apuntado que, además del recurso judicial, está trabajando en impulsar lo antes posible las «modificaciones legislativas necesarias» con el apoyo del máximo de grupos parlamentarios y un decreto ley que sirva para proteger a los centros educativos.

En concreto, según ha explicado Plaja, el Govern está ultimando un decreto ley, que espera tener listo «en los próximos días», para proteger los centros educativos y los proyectos lingüísticos.


El Ejecutivo catalán ha abordado a fondo este asunto (incluso ha habido una reunión previa específica) para perfilar el decreto, que estará «liderado» por el presidente catalán, Pere Aragonès, y «tendrá el consenso de la totalidad de los miembros del Govern», ha asegurado la portavoz.

Plaja también ha confirmado que JxCat ha trasladado ya al ejecutivo catalán su propuesta de decreto ley, después de que la formación anunciara este lunes su intención de trasladar al Govern su propuesta de decreto ley para garantizar la inmersión lingüística, proteger a los directores de los centros y dejar en manos de la Generalitat la validación de los proyectos lingüísticos de cada escuela.

En la cuestión de la lengua, ha subrayado Plaja, «hace falta la máxima unidad», una reflexión que llega después de que la semana pasada JxCat se desmarcara definitivamente de la reforma de la Ley de Política Lingüística que pactó con el PSC, ERC y los comunes, al considerar que no es suficiente para proteger la inmersión.

La portavoz del Govern no ha querido desvelar los detalles del decreto que están negociando los socios de coalición del Govern y ha apostado por mantener la «máxima discreción para conseguir el máximo consenso».

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