- Lo hace al no poder acreditar la comisión de un delito de corrupción en las transacciones internacionales
- La Fiscalía ya archivó en marzo la que hacía referencia al rey Juan Carlos, junto con el resto de investigaciones que le afectaban
La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la última investigación que quedaba relativa a las presuntas comisiones por las obras del AVE a La Meca, adjudicadas en 2011 a un consorcio de doce empresas españolas, tras casi cuatro años de pesquisas.
Lo hace después de que el pasado 2 de marzo la Fiscalía del Tribunal Supremo archivara también la causa por comisiones por estas mismas obras al rey Juan Carlos, junto con las otras dos que afectaban a sus finanzas.
En un escrito firmado por el fiscal Luis Pastor Motta, al que ha tenido acceso RTVE, el departamento que dirige el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón decreta el cierre de las diligencias procesales abiertas en 2018 al «no haberse podido determinar la posible comisión» de un delito de corrupción en las transacciones internacionales.
En concreto, éstas se abrieron tras el hallazgo de una conversación en la que la empresaria alemana Corinna Larsen hablaba con el excomisario José Manuel Villarejo sobre el pago de comisiones por empresas españolas «para el tren» por unos 80 millones de euros, abonados a la mujer de un empresario saudí, quien habría entregado la mitad a un empresario español y este, a su vez, le habría dado todo o parte al rey emérito.
En este caso relativo a los empresarios, se investigaban los contratos de la adjudicación, en octubre de 2011, de las obras de la segunda fase de la construcción del AVE que une las ciudades de Medina y La Meca (Arabia Saudí) al consorcio Al-Shoula, formado por doce empresas españolas (entre ellas OHL) y dos saudíes (Al Shoula Group y Al Rosan), una de las cuales figuraba como titular un príncipe saudí que habría fallecido en 2017.
Lo que el fiscal Luis Pastor ha tratado de dilucidar es si por parte de las compañías españolas, se realizó algún pago a funcionarios o autoridades de Arabia Saudí que hubiera facilitado la adjudicación.
La Fiscalía ha analizado también el papel del príncipe saudí como comisionista, así como el de otra consultora saudí, tomando declaración a diferentes testigos, entre ellos los embajadores de España en Arabia Saudí entre 2005 y 2017, que coincidieron en su carácter de «agentes mediadores o comisionistas».
Al fiscal le llama la atención este tipo de contratos de consultoría pero afirma que, dados los escasos frutos que ha dado la comisión rogatoria a Arabia Saudí, cualquier planteamiento que conduzca a «sostener unos posibles pagos a funcionarios o autoridades saudíes por parte de ambos comisionistas no es más que una mera especulación o conjetura».
Señala que las comisiones que pactaron, aunque importantes en cuantía (100 y 120 millones de euros), no superaron el 2 % del precio del proyecto y que Arabia Saudí ha informado de que no ha encontrado «transacciones derivadas de actividades sospechosas». Todo ello le hace concluir que los elementos con los que cuenta el fiscal son «claramente insuficientes» y que no permiten construir «una tesis inculpatoria».
La Fiscalía del Supremo ya archivó la causa contra el emérito
Aparte de la investigación de Anticorrupción a los empresarios españoles, la Fiscalía del Tribunal Supremo mantuvo abierta una causa contra el rey emérito al respecto, al igual que otras dos relativas a un presunto uso de tarjetas opacas y la de un supuesto fondo descubierto en la isla de Jersey, pero decayeron todas el pasado mes de marzo.
Respecto a la primera causa, se estudió la relación de esa adjudicación con el ingreso de 64,8 millones de euros ordenado el 8 de agosto de 2008 por el entonces Rey de Arabia Saudí en la cuenta de la Fundación LUCUM en una cuenta del banco Mirabeaud de Ginebra, propiedad del rey Juan Carlos.
El caso acabó archivado, principalmente, por la inviolabilidad del rey y la prescripción en un presunto delito de fraude a la Hacienda Pública, pero también por no poder establecer «vinculación alguna» entre el ingreso del rey emérito con la adjudicación del proyecto.
«Se trataría, pues, de un regalo que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de Jefe del Estado» y, por tanto, susceptible de integrar el delito de cohecho del artículo 422 del Código Penal, expone la Fiscalía. Sin embargo, este posible delito estaría también «claramente prescrito», sentenció.