Pedro Sánchez lanza una batería de decretazos sin posibilidad de enmienda

A cinco días de disolver las Cortes y un mes de las elecciones generales, el Gobierno de Pedro Sánchez comenzará hoy a usar el Consejo de Ministros para aprobar una batería de medidas sociales electoralista, que dispararán el gasto público y que amenazan con reintroducir ciertas rigideces en la economía. Este viernes prevé aprobar la reforma del alquiler y la norma de igualdad laboral. Lo hará por decreto, y ante la disolución del Congreso el próximo martes su convalidación pasará directamente a la Diputación Permanente, donde los grupos parlamentarios solo tendrán posibilidad de votar sí o no, pero no de pedir enmiendas.

Esta inusual práctica parlamentaria ha generado malestar en la Cámara baja. No solo el PP y Ciudadanos, sino también el PNV y hasta Podemos han acusado a Sánchez de hacer precampaña de cara al 28-A desde La Moncloa con decretos y socavando el debate parlamentario. A diferencia de los decretos que se votan en el Pleno, en la Diputación Permanente, que los tramita cuando las Cortes están disueltas, los grupos no pueden solicitar que se tramiten como proyecto de ley, lo que les permitiría enmendarlos después.

Los miembros de la Diputación tendrán que elegir entre convalidarlos o no, y el Ejecutivo solo llevará a este órgano, en el que hay una representación proporcional de los escaños, los que pueda sacar adelante. Fuentes jurídicas aseguran de la dificultad de parar esos decretos y critican las formas parlamentarias del Gobierno. Y es que, para usar esta vía, debe justificar la «extraordinaria y urgente necesidad» de las medidas, cuando no parece el caso.

Estas fuentes apuntan que salvo que se aprecie que da respuesta a una situación que ha empeorado, lo que no parece el caso de las medidas del decreto de Igualdad Laboral, no se justifica la urgencia del decreto ley y son susceptibles de ser declaradas inconstitucionales, como ocurrió con el decreto de 2013 que dio el mismo trato de mutualistas a los pescadores que al régimen común. Precisamente, entonces recurrió su constitucionalidad el PSOE, sobre un decreto que también derogó la reforma de las pensiones.

Una vez en vigor, esos decretos no podrán ser enmendados o derogados, por tanto, hasta la próxima legislatura, pese al impacto económico que puedan acarrear. Como informó ayer ABC, el de Igualdad costará al menos 1.266 millones al equiparar la baja de maternidad y paternidad para 2021.

El problema es que ese gasto computará como déficit sí o sí, pero no se aprobarán medidas de ajuste que lo compensen, dejando al siguiente Gobierno la tarea de cuadrar las cuentas. Por su parte, la contrarreforma laboral, que prevé restablecer la ultractividad y modificar la subcontratación, volvería a introducir rigideces en el mercado laboral. Todo ello cuando la Comisión Europea acaba de regañar a España por sus niveles de deuda y paro.

Hoy, tras la negociación política, será el turno, por una parte, de la reforma del alquiler. La luz verde de Podemos le ha supuesto a la formación morada renunciar a su gran caballo de batalla en cuestión de vivienda: la limitación de los precios del alquiler, pues la norma no incluirá ningún techo, si bien desde Podemos justificaban su apoyo por suponer «una mejora sustancial» a la norma actual. También PdeCat adelantó ayer su apoyo al considerar garantizado que habrá incentivos fiscales, lo que acerca al Gobierno a la mayoría suficiente para garantizarla convalidación en la Diputación Permanente. PSOE, Podemos y PDeCAT suman 28 de los 65 diputados de este órgano, a los que podrían sumar los dos votos de ERC y el de Compromís, aunque ambas formaciones ya se han mostrado partidarias de aprobar decretos que contengan mejoras sociales. Y el PNV ya avaló el decreto en enero.

Limitación a las rentas

Esta iniciativa, sin embargo, incluye algunas novedades. Para empezar, el Gobierno limitará al IPC las subidas del alquiler, una medida intervencionista que el Partido Popular tumbó con su reforma de la ley de arrendamientos urbanos, producida en 2013. Esta iniciativa es un guiño a Podemos, que si bien no consigue imponer los controles de los precios que pretendía, sí logra que el Gobierno limite las subidas de los arrendamientos.

Además, el Ejecutivo amplía la duración de los contratos a cinco años -como ya estipulaba el anterior decreto-, carga sobre el propietario los gastos inmobiliarios si este es una persona jurídica y emplaza a las regiones a hacer índices de precios de referencia a los que vincular el mercado en un plazo de ocho meses. Aquellos propietarios que los respeten contarán con una rebaja del IBI.

Esta medida no será fácil de articular porque en España no hay datos oficiales sobre el mercado del alquiler. En la actualidad, son las plataformas inmobiliarias y las consultoras las que radiografían el mercado del alquiler con sus informes. Además, desde el INE, al que el Gobierno pidió consejo sobre esta cuestión, ven imposible elaborar una estadística fehaciente sobre el mercado antes de que acabe el año.

La iniciativa también ha generado división entre los grupos que apoyan el decreto. Ayer, el portavoz de Pdecat, Carles Campuzano, mostraba su satisfación con el decreto porque incluía «incentivos para promover el alquiler» y un «marco fiscal que favorezca la oferta de alquileres a un menor precio». En el entorno de Podemos, sin embargo, abogaban más por aplicar penalizaciones fiscales a quienes eleven los precios que de bonificar a quienes los mantengan.

Igualdad laboral

Además, el Ejecutivo elevará de cinco a ocho semanas el permiso de paternidad, fijando un calendario progresivo hasta las 16 semanas en 2021. Junto a ello elevará el permiso de lactancia y obligará a las empresas a crear un registro con la media de los salarios y los complementos de la plantilla divididos por sexo, por grupos y por categorías profesionales.

Este registro será un nuevo arma para los sindicatos en la negociación de los convenios, que se unirá al mayor poder que recuperarán en la negociación colectiva con la contrarreforma laboral. Y en el caso de empresas de menos de 25 empleados se considerará discriminación salarial cuando la media de las retribuciones de un sexo sea superior en un 25% o más a las del otro.

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