Libertad con límites

El 14 de marzo, Pedro Sánchez anunció el segundo estado de alarma de la democracia: “A partir de hoy, para que los españoles lo entiendan perfectamente, la autoridad competente en todo el territorio será el Gobierno de España”. La situación era tan insólita que la excepcionalidad de las restricciones se asumió con relativa normalidad. Por eso se interiorizaron los excesos, algo común en estados de excepción. Durante los meses que duró el estado de alarma, se restringieron derechos de manera jurídicamente ambigua y confusa. Se dio excesiva discrecionalidad a la policía, que interpretaba un texto legal (el real decreto del estado de alarma) muy abierto a diversas interpretaciones. Se abusó de la Ley de Seguridad Ciudadana, la ley mordaza, que el Gobierno lleva años prometiendo derogar y que, en cambio, se convirtió en una herramienta represora esencial. Hubo ciudadanos multados por desobediencia y resistencia a la autoridad (infracciones contempladas en el artículo 36.6 de esa ley) o incluso denunciados por delito de odio simplemente por saltarse el confinamiento.

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