La inercia económica, en jaque por la inacción política del Gobierno

La urgencia que llevó al Gobierno a aprobar normas económicas a golpe de real decreto al final de la legislatura ha dado paso sin solución de continuidad a cien días de absoluta parálisis ante la interinidad del Ejecutivo. El paréntesis estival ha estirado un poco más el chicle de la incertidumbre y la posibilidad de que la falta de acuerdo persista más allá del comienzo del nuevo curso ha hecho que la urgencia económica -ahora sí- comience a apremiar.

Por lo pronto, la falta de Gobierno ha bloqueado ya la presentación del techo de gasto para las futuras cuentas de 2020 -que el Ejecutivo debería haber presentado antes de que finalizara el mes de julio- lo que en la práctica puede suponer un retraso importante para las cuentas nacionales y autonómicas. De hecho, en caso de que no se logre aprobar un nuevo presupuesto antes de fin de año, las cuentas de 2018, elaboradas por el equipo de Mariano Rajoy, iniciarían en 2020 su tercer año de vida y se convertirían en las más longevas de la historia de España. Además, se ha quedado sin constituir en el Congreso la comisión del Pacto de Toledo, encargada de alumbrar las recomendaciones que deben guiar la reforma del sistema de pensiones y asegurar su viabilidad, una de las más relevantes de la agenda económica.

Ausencia de horizonte

En el plano empresarial, la ausencia de un horizonte económico predecible también comienza a pasar factura. Los empresarios piden entendimiento y acuerdos de continuidad, y huyen de los extremismos: «La España de la desaceleración económica en la que vivimos necesita estabilidad y moderación, por ello animamos a trabajar juntos por un gobierno estable que dé a las empresas españolas», aseguraba el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, en una reciente entrevista con ABC. En la misma línea se ha mostrado también el principal representante de los autónomos, Lorenzo Amor, presidente de ATA, quien en su reunión del jueves con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, insistió en que siguen paralizadas medidas que ya se pusieron sobre la mesa hace un año, con la repentina llegada al poder del Gobierno socialista. Sigue sin ser atendido el compromiso de sacar el Decreto de Representatividad, la creación del Consejo del Trabajo Autónomo, y una agenda 2025 que oriente las políticas de autónomos y emprendimiento y la legislación a la realidad actual.

El propio Banco de España alertaba esta semana de que el país corre el riesgo de perder el tren de la bonanza económica para completar las reformas pendientes y equilibrar sus cuentas. En su valoración del Semestre Europeo, el organismo pone negro sobre blanco esta «pérdida de impulso reformador» y pide «aprovechar la posibilidad que brinda la actual fase de expansión para recuperar margen de maniobra en las políticas fiscales nacionales, potenciar el buen funcionamiento del mercado interno y crear condiciones favorables para fomentar la inversión y aumentar la productividad y el crecimiento».

Uno de los sectores más afectados por el parón institucional es el de la automoción, envuelto en una incertidumbre densa. El pasado mes de julio las matriculaciones de turismos y todoterrenos cayeron un 11%, con lo que el sector acumula ya el 6,5% de caída en los siete primeros meses del año. El retroceso se explica, en parte, por la entrada en vigor el año pasado de las nuevas pruebas de medición de emisiones y consumos, pero también por la desconfianza de los consumidores tras los anuncios de restricciones por parte del Gobierno. Para dar la vuelta a la situación, el sector pedido a Sánchez la puesta en marcha «inmediata» de un Plan Nacional de Achatarramiento y, en paralelo, de un Plan Nacional de Impulso del Vehículo de Cero Emisiones. Tampoco la banca vive un buen momento aunque en su caso la presión llega más desde el exterior.

No obstante, y dada su condición de sistema sanguíneo de la economía, José Luis Martínez, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB), apunta que para que la banca pueda «financiar el crecimiento y la prosperidad, los agentes económicos deben tener un horizonte dominado por la certidumbre y que propicie que inviertan las empresas y consuman las las familias. La sociedad tiene claras cuáles son las prioridades a corto plazo y los objetivos a alcanzar a medio y largo plazo. Y sus representantes, que son la clase política, deben hacerlo posible».

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