El exconseller Rafael Blasco sale de la cárcel con el tercer grado

El exconseller Rafael Blasco, condenado a seis años y medio de prisión por delitos de malversación y falsedad documental en la primera pieza del llamado caso Cooperación, ha obtenido el tercer grado penitenciario por lo que, a partir de ahora, podrá llevar un régimen de vida en semilibertad.

La concesión del tercer grado, que fue aprobada por Instituciones Penitenciarias a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión de Picassent, con fecha 29 de febrero, supone que Blasco, que ha cumplido tres años y siete meses de la condena impuesta,abandonará el centro penitenciario y a partir de ahora acudirá al Centro de Inserción Social (CIS) de Valencia, han informado a Efe fuentes conocedoras de los hechos.

El exconseller del PP, que cumplía condena desde junio de 2015, fue condenado junto a otros responsables de la trama de corrupción por el desvío de fondos destinados al Tercer Mundo, en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dictada en 2014 y ratificada un año más tarde por el Tribunal Supremo.

Hasta ahora, Blasco, de 73 años, había disfrutado de dos permisos penitenciarios ordinarios: el primero a finales de 2017 y el segundo en el verano de 2018, en ambos casos concedidos por el juez de vigilancia penitenciaria tras sendos informes favorables de la Junta de Tratamiento y sin oposición del Ministerio Fiscal por entender que podía “redundar en beneficio del interno y en la consecución de la rehabilitación del mismo”.

Más juicios

Las otras dos piezas pendientes del caso Cooperación, en el que también está procesado Rafael Blasco, se juzgarán en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia entre el 15 de abril y el 19 de julio de este año 2019, según las estimaciones previstas inicialmente por las partes.

Junto a Blasco, se sentarán en el banquillo otros 23 acusados por el desvío de unos cuatro millones de euros de ayudas públicas destinadas a proyectos humanitarios.

Las vistas se iniciarán más de un año después de que el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia dictase la apertura de juicio oral por dos asuntos: las supuestas irregularidades en subvenciones a ONG en 2009, 2010 y 2011 y el proyecto de construcción de un hospital en Haití, que fueron unidos el pasado mes de mayo.

Sobre la mayor parte de los procesados pesan las acusaciones de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.

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