Una red para proteger la vida de los activistas de derechos humanos | Planeta Futuro

La persecución y amenazas que sufren los líderes y lideresas sociales no son un fenómeno nuevo en Colombia. Se viene de un escenario de guerra donde la población civil que vivía en zonas de influencia de grupos armados insurgentes, fue estigmatizada y perseguida casi en igual medida que la guerrilla. La relación de la fuerza pública con la población no era la mejor y el campesino era considerado prácticamente un enemigo más por el ejército. Restablecer esa confianza es uno de los grandes retos de la construcción de paz. Tras la dejación de armas de las FARC, los factores de riesgo tampoco han desaparecido. Persisten los intereses económicos sobre su territorio, los conflictos por la tierra, la alta militarización y la presencia de grupos paramilitares y guerrilleros como el ELN, el EPL, y ahora también disidencias de las extintas FARC.

A diferencia además de etapas anteriores, hoy la violencia contra las organizaciones sociales se ha focalizado en líderes locales de base. Hay un aumento de la persecución asociada a las comunidades, organizaciones y liderazgos que están trabajando a favor de la implementación de los acuerdos de paz como es el caso de la sustitución de cultivos. “Asesinan a los líderes para romper el tejido social. En general, una de las luchas que aúna a todas las organizaciones que acompañamos, sean de la región que sean, es la de la permanencia en el territorio y como enfrentan a grandes empresas extractivas interesadas en los recursos naturales de sus tierras y que desplazan a las familias”. explica la tercera de las Saras en el equipo de IAP, la canaria Sara Rodríguez, encargada de incidencia política en la ONG.

Johana Silva, miembro del Centro de Estudios para la Paz, Cespaz, una organización con gran conocimiento sobre procesos organizativos sociales y temas de protección, opina de forma parecida: “La gente no defiende los derechos humanos como un fin en sí mismo sino que los defiende porque es la forma de asegurar su permanencia y su defensa del territorio; para ser, para estar, para no ser desplazado, para no perder el arraigo”.

Toda protección es poca

El acuerdo de paz había incorporado una visión de la seguridad más humana que iba más allá de la militarización del territorio. Se sabía que la violencia se dispararía durante el proceso de paz como ocurrió en El Salvador o en Guatemala pero nadie imaginó la dimensión que acabaría tomando finalmente con una sistematicidad y unos objetivos tan claros.

En un país con casi 500 líderes sociales asesinados en tres años, son muchas las voces que consideran que las instituciones, tanto nacionales, regionales como locales, deberían hacer mucho más. El gobierno responde, según cifras de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que hoy hay 4.500 defensores y defensoras de derechos humanos protegidos que llevan escoltas armados, chaleco antibalas, teléfono móvil y se mueven en coche blindado. Para las organizaciones de acompañamiento, no obstante, estos esquemas de seguridad que solo se enfocan en la protección física e individual son insostenibles y pocos eficaces. “En los territorios rurales, el coche blindado no tiene por donde circular y el celular no te protege porque no hay señal. Hay que pensar mecanismos diferenciados para los territorios rurales que desde nuestra perspectiva deberían centrarse en fortalecer a la organización social y a sus propios mecanismos de protección”, dice Joahna Silva.

La representante de CESPAZ se refiere al repertorio de acciones comunitarias orientadas a autoprotegerse que las propias comunidades desarrollaron para defenderse en el marco del conflicto armado, las cuales les permitieron salvaguardar sus vidas y permanecer en el territorio. Crearon así comités de derechos humanos, refugios humanitarios, guardias indígenas y campesinas, y organizaron caravanas y misiones de verificación para visibilizarse a nivel nacional e internacional. “Nuestra propuesta para incrementar la seguridad de los líderes es la posibilidad de construir una ruta de protección territorial interinstitucional que tenga una concepción más colectiva e integral de la protección en torno a situaciones de riesgo. Sería unir y articular las capacidades de las comunidades con la capacidad de las instituciones y con la capacidad internacional en una ruta construida conjuntamente que combine la protección individual y colectiva”, explica Johana Silva.

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