Una monarquía con “fragmentos” republicanos

El grave y escandaloso fraude fiscal reconocido por el propio rey emérito nos ha planteado algunas inevitables preguntas: ¿tiene sentido que no se pueda perseguir judicialmente a un jefe del Estado —o exjefe del Estado— sobre el que haya indicios claros de que ha realizado durante su mandato conductas que el Código Penal define como delitos?; ¿tiene sentido cuando se trata de conductas privadas que nada tienen que ver con sus funciones constitucionales, ni han sido refrendadas por miembros del Gobierno o por el presidente o presidenta del Congreso (art. 64 de la Constitución)?

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