Un inquietante Gobierno de los jueces

Durante la Guerra Fría, los países latinoamericanos padecieron una enfermedad, la de los golpes de Estado, que terminó convirtiendo su vida pública en un juego imposible. Siempre habrá que celebrar que la región se curó de esa dolencia. A lo largo de las últimas décadas, las mismas sociedades son víctimas de otra epidemia: la corrupción. Esa patología se manifiesta en el avance de la delincuencia común que amenaza con la inseguridad a mucha gente, sobre todo a los más pobres; en la instalación de mafias, sobre todo de narcotraficantes, que llegan a convertirse en una nueva clase social; y en la indecencia administrativa, instalada sobre todo en los sectores regulados de la economía. Este virus modifica el juego político. Y la lucha contra él es de una extraordinaria complejidad, ya que genera malformaciones secundarias. Jueces y fiscales adquieren un inusual protagonismo. La lucha por el poder se judicializa. Y, con el paso del tiempo, la justicia se politiza, ya que las decisiones de los magistrados, lo quieran ellos o no, condicionan la competencia democrática. Con independencia de las manipulaciones que pueda haber en muchos procesos, esta inercia es impersonal y ha sembrado la inestabilidad en muchos países. El continente está ante un inquietante dilema. Convertir a la corrupción en materia de negociación política significaría someterse al reino de la impunidad. Aspirar a una purificación absoluta por la vía del codigo penal significaría instaurar un dificultoso Gobierno de los jueces. En los últimos 15 días este problema ha estado más y más vigente.

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