Un fallo técnico permite a los periodistas escuchar una parte de la declaración de Cifuentes

Un error técnico ha materializado este miércoles la fantasía de muchos plumillas: escuchar en directo las declaraciones de un político imputado por corrupción durante la instrucción, a puerta cerrada, ante el juez investigador. Un problema de desconfiguración con el sistema de audios en la Audiencia Nacional provocó que las primeras explicaciones de Cristina Cifuentes en el caso Púnica se escuchasen en la sala de prensa del tribunal, donde unos cuarenta periodistas de tribunales escuchaban sorprendidos. Los propios periodistas avisaron a los funcionarios de la Audiencia Nacional de lo que estaba sucediendo.

La alerta de los periodistas propició que la declaración se trasladara a otra sala de declaraciones de la Audiencia Nacional, donde Cifuentes ha continuado rindiendo cuentas en la pieza de la causa que investiga en la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid. La expresidenta de la Comunidad de Madrid entre los años 2015 y 2018 está imputada en la causa Púnica por una supuesta adjudicación irregular desde el gobierno de la región para los servicios de restauración en la Asamblea de Madrid, una de las licitaciones sospechosas de sufragar a empresas que supuestamente financiaban en negro al partido. Los investigadores también sitúan a Cifuentes en alguna reunión sobre esos pagos ilegales.

Cifuentes, que ha comenzado su declaración a las cinco de la tarde, formaba parte del comité de expertos que evaluó a los competidores por dicha adjudicación y presidía además la mesa de contratación de la Asamblea en aquel momento. «No les importó que su participación en el comité de expertos conculcase la legalidad vigente, ya que Cristina Cifuentes también presidía la mesa de contratación» que avaló el informe favorable a la adjudicación, señala el auto en el que se imputó a la expresidente madrileña. El empresario favorecido, Arturo Fernández, donó 160.000 euros en el año 2007 a la formación, según los investigadores para cubrir «de manera encubierta gastos electorales».

Según los investigadores, los fondos desviados desde las consejerías por parte de los antiguos dirigentes del PP de Madrid habrían esquivado las cuentas oficiales del PP y las que deben abrir los partidos para canalizar sus pagos en campaña, para financiar ilegalmente al partido. La ley electoral fija un coste máximo y regula la apertura de cuentas y los gastos electorales; unas normas que, según la Fiscalía, el PP de Madrid se saltó sistemáticamente en las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.

Anticorrupción considera que Esperanza Aguirre, también expresidenta de Madrid y que declarará como imputada el próximo 18 de octubre, ejerció un rol protagonista en esa esquema ilegal, a sabiendas de que las campañas buscaban fortalecer su posición y mantenerla en el poder. Los investigadores creen que el planteamiento de las campañas forzaba un derroche incompatible con el cumplimiento de la ley.

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