Un despacho político entre las rejas de la gavia

Se comenta en algunos corrillos de la Barcelona política que uno de los módulos de la cárcel de Lledoners –el dos, en concreto– es más una Consejería de la Generalitat que una prisión en la que sus inquilinos esperan a ser juzgados por el Tribunal Supremo.

No hay semana que algún miembro del gobierno catalán no despache asuntos con los Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull y hasta con Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural. De hecho, el modus operandi en las altas esferas de la relación Generalitat-movimiento secesionista (en el que se incluye a Carles Puigdemont desde Bélgica) es el siguiente «grosso modo»: al inicio de la semana, reunión con los presos; su opinión se traslada a los partidos y al gobierno catalán; y al final, se contrasta con Puigdemont –que da o no su visto bueno– y se dan las órdenes a quien corresponda.

Esta forma de actuar cuenta con las ventajas que los presos citados del módulo dos de Lledoners tienen a la hora de recibir visitas. Hace unas semanas, el PP catalán alertó de que bajo la excusa de «visitas institucionales» se estaban colando reuniones y encuentros de los líderes del procés que no se ajustan a los protocolos establecidos. Ni por los nombres (¿es Arnaldo Otegui un cargo institucional?), ni por la cantidad (pasado mañana, los 34 diputados de JpC mantendrán una reunión de trabajo en Lledoners con los presos). Según los populares, «los golpistas catalanes» están teniendo «privilegios y complicidades», como las de poder celebrar un cumpleaños fuera de lo estipulado reglamentariamente o mantener reuniones en el patio cuando el resto de presos ya están en sus respectivas celdas. Un auténtico polo de poder en el interior de la cárcel, que contaría con al menos el visto bueno de facto de los responsables de los Servicios Penitenciarios, que dependen a su vez de la Consejería de Justicia.

Algunos funcionarios de prisiones han denunciado, igualmente, que los acusados de rebelión han recibido también la visita médica de asistentes ajenos al servicio penitenciario, antes incluso de que cuatro de ellos –Forn, Rull, Turull y Sànchez– pusieran en marcha una huelga de hambre que, veinte días después, decidieron abandonar. Para anunciar esta huelga, Òmnium publicó una fotografía de los siete protagonistas sin el permiso de los Servicios Penitenciarios.

Esta denuncia de los funcionarios se suma a la que, poco antes de que los presos fueran trasladados de Madrid a Cataluña, elevaron algunos sindicatos por el movimiento de los presos más conflictivos de Lledoners a otras cárceles catalanas. Tampoco se han privado de conciertos íntimos en la prisión. Hecho que los mismos músicos (Mishima y Marina Rossell, entre otros) han ido explicando en público.

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Ahora, el pasado 5 de enero, Rull salió de la cárcel sin el correspondiente permiso del Tribunal Supremo –con el que sí contó Turull el 2 de noviembre para ver a su padre fuera de la cárcel–. El Alto Tribunal investigará si la directora de Lledoners, Paula Montero, cometió, o no, alguna ilegalidad con su decisión. ¿Cuántos presos preventivos han salido de Lledoners con Montero de directora con un permiso penitenciario pero sin autorización judicial? Otro indicio. A los líderes del procés no se les ha visto nunca en un coche o furgón de los Mossos d’Esquadra, y no es por falta de oportunidades, con los logotipos policiales correspondientes.

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