Torra purgará a los Mossos por las cargas contra los radicales de los CDR

En una declaración de intenciones sin precedentes tras la aplicación del artículo 155, la recuperación de la Generalitat de Cataluña por parte de los independentistas tras las elecciones del 21-D y la siguiente reorganización de la Consejería de Interior, Quim Torra y Miquel Buch criticaron ayer la actuación de los Mossos d’Esquadra en Gerona y Tarrasa (Barcelona) que evitó que radicales secesionistas reventaran dos actos de constitucionalistas que celebraban el 6-D. Tanto el presidente autonómico como el consejero de Interior anunciaron una depuración de responsabilidades en los Mossos por las cargas, cediendo así a una parte de las peticiones exigidas por la CUP, los Comités de Defensa de la República (CDR), la Assemblea Nacional Catalana (ANC) e incluso ERC.

«Los dos acordamos reunirnos el domingo para analizar a fondo qué ha pasado, si ha habido mala praxis, y hacer los cambios que sean necesarios», dijo Torra desde Eslovenia, en referencia a la reunión que mantendrá mañana con el consejero Buch. Este, por su parte, señaló sobre las cargas en Gerona y Tarrasa que «hay imágenes que no se acaban de ajustar a los principios que corresponden a una policía democrática». Y advirtió: «No me temblará el pulso para actuar». La purga anunciada sorprendió a los Mossos d’Esquadra y a los sindicatos del Cuerpo policial autonómico, sobre todo porque solo unas horas antes, el jueves por la tarde, Andreu Martínez, director general de los Mossos, había calificado de «correcto y adecuado» el operativo policial. Justificaba las cargas por la violenta actuación de un grupo de medio centenar de encapuchados en Gerona, que derribaron «de forma organizada la doble valla- -que impedían el acceso de los radicales a la plaza en la que se desarrollaba un acto constitucionalista- y atacaron a los agentes.

Dimisión de Buch

El resultado de los altercados en las dos poblaciones fue de 20 agentes heridos y una cincuentena de manifestantes con contusiones, entre estos la diputada autonómica de la CUP Maria Sirvent y un dirigente de la ANC en Tarrasa. La CUP volvió a pedir la dimisión del consejero de Interior y exigió que se tomen medidas para evitar que la policía cargue contra los CDR. Desde la Generalitat se comprometieron a revisar «el protocolo de actuación».

Pero si algo revolucionó ayer a los Mossos d’Esquadra fueron las palabras de Torra y Buch. Diversos sindicatos defendieron la actuación el 6-D y pidieron, directamente, la dimisión del consejero. Fue el caso de Sap-Fepol (el sindicato mayoritario en los Mossos), que expresó en un comunicado, además, el hartazgo por cuestionar todas y cada una de las actuaciones de los agentes. Volvió a pedir la despolitización del Cuerpo policial y calificó de inadmisibles las presiones políticas para depurar a la cúpula del Cuerpo. También el SPC cargó duramente contra Buch: «Más que consejero de Interior parece que es consejero de los CDR», porque le importa más lo que piensen los radicales que los mossos y la integridad física de estos. En líneas similares se expresó el sindicato Cat de Mossos. Por su parte, el Uspac defendió el dispositivo policial en Gerona y Tarrasa y exigió a la Generalitat que se persone como acusación particular contra los manifestantes que agredieron a agentes.

«Kale borroka»

La respuesta a la depuración política que preparan Torra y Buch, cuyo detalle probablemente se conocerá en los primeros días de la semana que viene, tuvo su eco en el Gobierno y los partidos políticos. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, no quiso profundizar y señaló que «en relación a los protocolos, obviamente las autoridades competentes tendrán que observar los protocolos que se correspondan con los hechos». Añadió que el Gobierno no está para ver si se consideran excesivos o no: «Eso es de otra instancia». Quien sí entró en materia fue el presidente del PP, Pablo Casado, que reprochó a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, no frenar la «kale borroka independentista» y le exigió que ponga en marcha el procedimiento para aplicar otra vez el artículo 155 de la Constitución. Desde su punto de vista, los independentistas están «completamente fuera de sí» y Torra «no controla la situación».

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, centró su crítica en la Generalitat, y concretamente en Torra y Buch, por «criminalizar» a los Mossos, una decisión que es para la formación naranja «inadmisible». Miquel Iceta (PSC) calificó de «irresponsable» que desde el gobierno autonómico se ponga en duda la profesionalidad del Cuerpo policial. Y Alejandro Fernández (PP) se sumó a las peticiones sindicales de dimisión del consejero Buch. En Comú-Podem instó a Buch a «asumir responsabilidades» tras el «fracaso» del dispositivo, ya que además «llueve sobre mojado».

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