Sobrevivir a los campos de fresas | Planeta Futuro

Drissiya acude a la entrevista pese a las importantes secuelas que arrastra del ictus isquémico que sufrió en 2019. No puede andar sin ayuda y le cuesta mucho hablar, como si las palabras se le resistieran. Cuando las fuerzas no le alcanzan, su marido la coge de la mano y retoma la narración de los hechos que los han llevado a contar su caso, uno de los más graves ocurridos en los campos de fresa de Huelva. No es el único: como ella, otras jornaleras marroquíes han explicado situaciones de abuso, maltrato, explotación, irregularidades o negligencias por parte de los propietarios o de los capataces de las empresas empleadoras, todas dedicadas a la producción de frutos rojos.

En 2018, 10 mujeres presentaron una denuncia por impago, malas condiciones laborales, abusos y agresiones sexuales contra Doñana 1998 S.L. En los juzgados, se instruye otro caso similar por unos hechos ocurridos el año pasado en otra empresa de Moguer, Huelva. Pero las noticias relacionadas con la vulneración de los derechos de estas trabajadoras han aparecido en los medios de comunicación desde principios de 2000.

Como Drissiya, muchas de estas mujeres, que fueron contratadas en origen, relatan la presión que reciben de sus superiores para incrementar su rendimiento y recoger cada día más fresas, frambuesas, arándanos o moras. “Mientras trabajábamos, nos gritaban e insultaban para que rindiéramos más. Si pensaban que no hacías suficiente, te hacían parar y no volvías al campo hasta el día siguiente”, asegura la exjornalera, de 39 años, durante la entrevista realizada en una sala cedida por una ONG, en la zona norte de Marruecos. En estos casos, las temporeras perdían el sueldo de un día, un castigo que ninguna puede permitirse. “Trabajar en aquella finca es muy peligroso, te aprietan mucho”, asegura Hamid, el nombre que utilizaremos para referirnos a un excompañero de trabajo de Drissiya que ha accedido a hablar con la condición de preservar su identidad. “Aquí, si se enteran de que has contado algo, te quedas sin trabajo”, argumenta.

Hay que entender, explica José Antonio Brazo Regalado, representante del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) en Huelva, que “estas mujeres marroquíes vienen porque son pobres y en los tres o cuatro meses que suelen estar en Huelva, ahorran para tirar todo el año, para alimentar a sus hijos, a su familia”. Para un español, la situación es radicalmente opuesta porque el convenio colectivo del sector del campo de Huelva, explica Brazo Regalado, es el que está peor pagado del Estado. Cada vez hay menos personas «de aquí» trabajando en los campos, precisa el sindicalista, pero los frutos rojos siguen siendo el motor agrícola de la zona y por eso contratan a mujeres en Marruecos, “ellas lo aguantan casi todo”. La mayoría son analfabetas, proceden de entornos rurales, y para conseguir este empleo temporal por la vía de la contratación en origen, auspiciada por el Gobierno español, tienen que tener hijos menores a su cargo, algo que no está escrito en ningún documento oficial.

“Quieren asegurarse de que vuelven, pero usan criterios de selección absolutamente discriminatorios”, explica Belén Luján, abogada de las temporeras que denunciaron a la empresa Doñana 1998. La Agencia Nacional de Promoción del Empleo y la competencia de Marruecos (ANAPEC) es el organismo que se encarga de esta selección.

Drissiya faenaba como temporera en Huelva desde 2009, pero la mañana del 7 de abril de 2019, en plena temporada de recolección, no pudo levantarse de la cama. El cuerpo no le respondía y era incapaz de pronunciar una sola palabra. El día antes, justo después de acabar la jornada laboral, volvió a la caseta de obra que SAT Algaida Productores, la empresa para la que trabajaba desde hacía cuatro temporadas, había habilitado para ella y otras cinco compañeras (y que estaba a unos 150 metros del campo de cultivo). Se duchó, cenó y se fue a dormir. “Antes de acostarme, no sentía ningún dolor, nada fuera de lo corriente”, asegura.

Pese a la gravedad de su estado, esa fatídica mañana, ningún responsable de la empresa la llevó al médico. “Le dijeron a la manijera [capataz] ‘esta mujer no puede levantarse, está enferma’ y ella respondió que no pasaba nada, que era por la fatiga y porque no comía”, explica Hamid. Más tarde, añade, “vino la encargada mayor y le dijo a Drissiya ‘o te damos un yogurt y te levantas o te llevamos al hospital’. Pero ella no contestaba, no podía hablar, solo movía la mano izquierda y la cabeza”.

Hamid asegura que no fue hasta horas más tarde cuando la llevaron al centro de salud Almonte, donde, de acuerdo con Drissiya, solo le dieron “pastillas para dormir” y la devolvieron a la finca. Su versión concuerda con el testimonio de algunos de sus compañeros que, dos días después, tras volver a consultar su estado en el mismo centro médico, la acompañaron al hospital Infanta Elena de Huelva, junto con el conductor que manejaba uno de los vehículos de la empresa. Esta información aparece, de hecho, en el alta médica del hospital, que tuvo lugar 13 días después de su ingreso. Ni Algaida Productores, tras diversas llamadas y correos electrónicos, ni fuentes oficiales del Centro Médico Almonte, ni el médico que la atendió en el hospital han accedido a hablar con los autores de este reportaje sobre los hechos.

Anna Aymamí, especialista en atención primaria y neuróloga, considera que el caso podría ser constitutivo de una grave negligencia médica. “Si esta mujer llega a ser atendida en las primeras horas tras la aparición de los síntomas, le podrían haber hecho una fibrinólisis y las secuelas, al menos en parte, podrían haber remitido”, afirma. De hecho, detalla, para eso está el Código Ictus, “un procedimiento de actuación que los servicios sanitarios y los centros de primaria deben conocer y que establece que, en estas situaciones, se tiene que trasladar al paciente al hospital de referencia para valorar si se puede aplicar o no este tratamiento”. Con todo, asegura la especialista, para establecer responsabilidades hay que saber qué pasó exactamente en ese centro médico, qué diagnóstico le hicieron y conocer con certeza que no hubo derivación alguna.

Abilio Caetano Luna, uno de los médicos de urgencias del centro de salud Almonte, asegura: “un ictus es una prioridad 1 y que se tiene que llevar a la persona al hospital. Si hay que hacer fibrinólisis, se tiene que hacer en el hospital, nosotros no tenemos autorización para aplicar este tratamiento”. Sobre Drissiya, el facultativo dice no conocer el caso.

El ictus que sufrió la entrevistada está relacionado con una valvulopatía que la jornalera padecía y por la que se medicaba, según afirma Aymamí tras haber estudiado la documentación médica de Drissiya. Ya en 2017, cuando trabajó como temporera para la misma empresa, fue atendida por un desvanecimiento en la finca y refirió una patología cardíaca. Con todo, su función en el corazón seguía siendo buena. Tanto esta doctora como otras fuentes médicas consultadas aseguran que la valvulopatía podría ser el producto de una fiebre reumática que la entrevistada habría sufrido durante la infancia o la adolescencia.

Los dos episodios, el de 2017 y 2019 podrían estar relacionados, asegura José Luis Rojas, médico especialista en medicina del trabajo y con una experiencia de ocho años en el sector de los frutos rojos. “La cuestión clave es si la empresa le realizó el correspondiente reconocimiento médico laboral antes de iniciar el trabajo. Si no lo hizo, creo que estamos ante una actuación incorrecta y punible legalmente. Porque esta trabajadora [de la que se conocía, como mínimo una dolencia cardíaca] no es apta para realizar tareas de carga y esfuerzos físicos”, añade Rojas.

La cadena de supuestas negligencias e intervenciones inadecuadas y parciales que han conducido a la dramática situación de esta jornalera no termina aquí. Tras los 13 días de ingreso hospitalario, ni los consultores del PRELSI, Plan de Responsabilidad Ética, Laboral y Social de la Interprofesional de la Fresa y los Frutos Rojos de Andalucía (Interfresa), ni las mediadoras de Mujeres en Zona de Conflicto (MZC), que también realizaban tareas de intermediación entre la empresa y las jornaleras, la informaron sobre sus derechos.

Así lo aseguraron ella y su marido cuando se les pregunta si alguien les habló de la posibilidad de alargar la baja, optar a una incapacidad permanente o de interponer una demanda a la empresa por responsabilidad civil. Tanto el PRELSI, que recibió una subvención de 70.000 euros por parte de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, como las mediadoras de MZC, contratadas por esta misma dirección general, se pusieron en marcha tras los escándalos del caso Doñana.

Mar Ahumada, responsable de la citada dirección general, asegura que la formación de los derechos laborales va a cargo de los consultores, que informan a las jornaleras sobre esta cuestión en los autobuses que ponen las empresas para recogerlas en Algeciras y llevarlas hasta las fincas. Ni Drissiya, ni ninguna de las otras mujeres entrevistadas para este reportaje recuerdan haber recibido información al respecto. Ahumada considera que, aunque los consultores del PRELSI son parte interesada, su trabajo supone un avance sustancial.

Con todo, dichos consultores intermediaron en el caso de Drissiya, según el trabajador social del Hospital Infanta Elena de Huelva, sin que eso sirviera para remediar la falta de información sobre las opciones que ella y su marido tenían ante la delicada situación familiar que tuvieron que asumir. Debido a la condición de Drissiya, el matrimonio no puede pagar la escolarización de sus hijos menores. “Los vestidos, los libros, todo vale dinero, y Drissiya ya no puede trabajar”, lamenta él.

Por su parte, Ana Martín, coordinadora del área de trata de MZC en España, afirma que su intervención con Drissiya se desarrolló en el ámbito del acompañamiento y la traducción sociosanitaria. “La acompañamos en el hospital todo el tiempo que estuvo ingresada, se la visitaba diariamente y, una vez que le dieron el alta, el empresario ofreció la furgoneta con un trabajador para que se la trasladara a Tarifa. Nosotros la acompañamos en todo el trayecto, también en el ferri, hasta Tánger”, explica. Allí, un compañero de MZC Marruecos, añade, llevó a Drissiya y a su marido hasta su casa.

Tras el alta hospitalaria, el retorno a Marruecos fue su única opción. Aziz, un hombre que va a buscar a las mujeres temporeras cuando llegan a Algeciras de camino a Huelva, explica el marido, llamó y preguntó qué querían hacer. «Yo le dije si había alguien que pudiera hacerse cargo de ella en Huelva y me respondió que no. Entonces, le contesté que la retornaran a Marruecos».

No se ha podido determinar si esta persona, de origen marroquí, trabajaba para el PRELSI, para Interfresa con otras atribuciones o para una empresa en concreto. Fue también el mismo Aziz, quien llevó el peso de la intermediación con el marido desde el ingreso hospitalario de Drissiya, el que lo llamó días más tarde para pedirle que hiciera un vídeo diciendo que la empresa había cuidado muy bien a su mujer. Él se negó y ningún representante de la empresa volvió a contactarlos.

La solidaridad con la exjornalera tampoco corrió a cargo de Algaida Productores. “La empresa nos pidió, a sus compañeros de trabajo, que pusiéramos dinero para mandárselo a Marruecos”, relata Hamid. Recibimos unos 1.000 euros de los trabajadores, confirma el marido de Drissiya. A finales del año pasado, nos llamó la ANAPEC, el organismo marroquí que se encarga de seleccionar cada año a las temporeras, para ofrecer a Drissiya unos meses de trabajo en Huelva. “Ni siquiera sabían lo que había pasado”.

Durante una entrevista, Ahumada, quien reconoció que MZC le informó sobre el caso de Drissiya, consideró que los hechos merecerían ser investigados. Preguntada posteriormente por si su dirección general u otra consejería se encargarían de esclarecer los hechos, no respondió.

La subdelegación del Gobierno, corresponsable junto con las autoridades marroquíes de la gestión de la contratación en origen que autoriza la entrada de unas 19.000 jornaleras al año, no aceptó reunirse con los autores de este artículo. Tampoco accedieron Interfresa ni Freshuelva, otra agrupación profesional del sector que solo opera en la provincia de Huelva.

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