Sánchez convierte en eternas las cuentas de Montoro

El paisaje político español parece haber mutado con violencia en los últimos años, con las que serán las cuartas elecciones generales en cuatro ejercicios a la vuelta de la esquina y con una moción de censura y dos gobiernos en el último año y medio. Sin embargo, si se revisa con lupa el andamiaje institucional y económico, se observan pocas alteraciones de peso. La repetición electoral confirma que 2020 amanecerá siendo el tercer año con los Presupuestos de 2018 aprobados por Cristóbal Montoro. El exministro de Hacienda ha horneado las cuentas que han regido en trece de los veinte años que lleva España de siglo XXI. El próximo año no será una excepción.

Pero junto a las cuentas, el mercado laboral, fiscal y el sistema de pensiones seguirán siendo los que dibujó el Gobierno de Mariano Rajoy: la reforma laboral sigue vigente pese a que Pedro Sánchez prometió que sería lo primero que derogaría cuando llegara al poder; la actualización de las pensiones que aprobó la ministra Fátima Báñez del 0,25% en la reforma de 2013 volverá a estar vigente en 2020 si no se forma gobierno antes y las subidas de impuestos que PSOE y Podemos querían aprobar para 2020 tras no haber podido sacar las cuentas de 2019 quedan en barbecho. Todo ello seguirá rigiendo en los próximos meses ante la interinidad del Gobierno, cuando España afronta un «tour de force» de citas económicas cruciales: desde la salida de Reino Unido de la UE al agravamiento de la desaceleración europea o el devenir de la guerra comercial y el abaratamiento del crudo. Con todo este polvorín económico, el Ejecutivo se mantiene en funciones y el legado económico de Rajoy prosigue casi intacto.

Inversiones en barbecho

Segunda prórroga por primera vez en democracia

La prórroga de las cuentas por segundo año provocará que la inversión del Estado en obra civil en las comunidades autónomas seguirá siendo la misma que la de 2018. Entonces se recogía una inversión de 10.128.49 millones de euros, 2.055 millones menos que en el proyecto de cuentas frustradas de 2019. UGT, CC.OO. y CSIF han remitido cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamando políticas públicas «como dique de contención» para frenar la desaceleración económica y criticando el «bloqueo» político. Ello ayudará al déficit, eso sí, ya que contendrá el gasto e impedirá el aumento del desembolso que preveía el Ejecutivo en las cuentas de 2019 —que quería aprobar en 2020 ante el primer rechazo—. El Ejecutivo preveía un déficit del 2% del PIB en 2019 y del 1,1% en 2020.

Financiación autonómica

Las regiones se quedan sin 9.000 millones

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Al seguir en funciones el Gobierno en lo que resta hasta las elecciones, la actualización de los 9.000 millones de entregas a cuenta pendientes —6.500 millones de recursos ordinarios y 2.500 por la mensualidad pendiente de IVA de 2017, sin tener en cuenta la liquidación—. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló ayer que procederá a adelantar el remanente del Fondo de Liquidez Autonómico ( el llamado «extra FLA») a Valencia pero también a Murcia o Andalucía. Pese a ello, estas cantidades (que se suelen repartir en diciembre) son inferiores a las que suponen las entregas a cuenta, y, como apuntan desde el Ministerio, suponen un parche para evitar las tensiones de tesorería que se pueden producir en ciertas regiones desde octubre.

Hacienda busca encontrar una solución «cuanto antes», apuntan estas fuentes, lo que también incluye aprobarlo en funciones si así lo ven viable. La respuesta de Hacienda ha generado malestar entre las comunidades del PP, que quieren un acuerdo político para aprobar por decreto estos recursos, así como la celebración de un Consejo de Política Fiscal, que lleva más de un año sin convocarse.

Alza comprometida

Las pensiones subirán solo un 0,25%

A poco más de tres meses para que termine el año los más de 8,7 millones de pensionistas que hay en España todavía no saben lo que van a subir sus nóminas el año próximo debido a que el Presupuesto de 2018, que deberá prorrogarse a comienzos del año que viene, recoge que las pensiones se vuelvan a revalorizar un 0,25%, el porcentaje mínimo incluido en la reforma de 2013 dado que la Seguridad Social, lejos de haber saneado sus cuentas ha incrementado los números rojos hasta el entorno de los 19.000 millones. Los jubilados, por tanto, no verán incrementar sus nóminas en el mismo porcentaje en el que lo hagan los precios, como ha ocurrido este año y el anterior. El Gobierno podría aprobarlo por decreto-ley, pero al estar en funciones tiene las manos atadas. Solo si el Congreso de los Diputados lo decide esto podrá suceder. Debería, en este caso, utilizar su iniciativa legislativa para aprobar esta subida, enviarlo al Senado y finalmente refrendarlo. Y el proceso será largo, dado que las leyes deben seguir el plazo de la presentación de enmiendas, lo que dura meses. Sea como fuere es más que probable que el año comience con una subida del 0,25% y posteriormente entraría en vigor esa norma que aprobaría la Cámara Baja. La situación vuelve a ser anómala, las normas de revalorización siguen sin estar claras.

El alza para 2020, en el aire

Sueldos públicos congelados

El otro asunto sobre la mesa es el aumento de la retribución de los empleados públicos. El acuerdo que firmó el Gobierno de Rajoy con los sindicatos a tres años comprometía una subida fija del 2%, que puede escalar hasta el 3,85% si el PIB de 2019 crece más que el 2,5% —si se cumpliera el 2,2% que augura el Ejecutivo, la subida escalaría al 2,4%— y si se cumple el déficit. Desde Función Pública recuerdan que un gobierno en funciones puede desarrollar por decreto lo contenido en una Ley ya aprobada, y si bien el acuerdo cerrado con los sindicatos se publicó como una resolución en el BOE, esto no tendría rango legal suficiente. Los Presupuestos de 2018 no hacían referencia a la subida trianual, así que se debería aprobar mediante la iniciativa del Congreso, como ocurre con las pensiones.

La CNMC interina

Nombramientos varados

Otra de las instituciones que se verá afectada por el parón político será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El mandato del presidente, José María Marín Quemada, de la vicepresidenta, María Fernández, y de tres de los ocho consejeros (Clotilde de la Higuera, Josep María Guinart y Beningo Valdés) del organismo caducaron el pasado 9 de septiembre. Sin embargo, la renovación de este consejo tiene que ser propuesta por el ministro de Economía y respaldada posteriormente por una mayoría del Congreso. Por tanto, hasta que no haya Gobierno no se llevará a cabo. Pese a ello, desde la organización insisten en que las decisiones que tomen meintras se mantengan «en funciones» tendrán «plena validez jurídica».

El sector financiero, en vilo

Directivas pendientes y protección del cliente

En el ámbito financiero, la repetición electoral aleja aún más la concreción de medidas que ya llevan meses aparcadas. El abrupto final de la pasada legislatura dejó en barbecho un buen puñado de las recomendaciones que alumbró la comisión de investigación para la investigación de la crisis financiera y la nueva cita con las urnas aplaza aún más su puesta en marcha. La más relevante quizá sea la creación de la Autoridad para la Protección del Cliente Financiero, que ya acumula más de un año de retraso. Fuentes del ministerio de Economía aseguran que los trabajos están muy avanzados, aunque lo cierto es que según la norma europea la autoridad debería haber sido creada en julio de 2018. La nueva oficina asumirá las funciones que ahora tiene en Banco de España con el actual sistema de reclamaciones, pero ganará en poderes puesto que sus decisiones serán vinculantes.

La importancia de la puesta en marcha de este organismo no es menor: busca reducir la judicializacion de muchas de las reclamaciones de los clientes. Por último, fuentes del ministerio de Economía explican que también queda trabajo pendiente en lo que se refiere a la transposición de directivas. Cuando Calviño asumió sus funciones, explican, el ministerio contaba con catorce directivas europeas pendientes de transponer, diez de las cuales estaban caducadas. En sus meses de ministra, el departamento ha transpuesto una decena de ellas, por lo que aún quedan cuatro normas pendientes, algunas de ellas caducadas.

Urgen reformas

La desaceleración llega al empleo

La incertidumbre que abren unas nuevas elecciones es letal para la economía y muy especialmente para el empleo, más ahora en un momento en el que la desaceleración ya se refleja claramente en el mercado de trabajo. Los datos de afiliación de agosto fueron los peores en ese mes desde 2018. Los empleos generados que mide este registro, el más fiable, descendieron en 212.984. Se puede argumentar que agosto siempre es un mal mes para el empleo, pero nunca se habían destruido más de 90.000 puestos de trabajo. Si lo que se analizan son los datos anuales, el crecimiento ha sido del 2,5%, el más bajo desde que comenzó la recuperación del empleo en 2014. La CEOE dijo ayer que tras la falta de acuerdo entre los partido para formar gobierno y a la espera de las nuevas elecciones, «los empresarios muestran su preocupación ante la falta de estabilidad necesario para el tejido empresarial». Destacó la importancia de mantener la competitividad empresarial a pesar de la parálisis política tras advertir de la «vulnerabilidad de la economía española ante riesgos internacionales como el aumento del precio del petróleo, la tensión comercial entre China y Estados Unidos y la incertidumbre del Brexit».

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