Saltarse el ‘prohibido despedir’ de los ERTE obliga a devolver las exenciones de toda la plantilla | Legal

Las empresas en ERTE que incumplan el prohibido despedir durante seis meses deberán devolver las exenciones a la Seguridad Social de todos los trabajadores, y no solo las de aquel o aquellos que hayan sido cesados. Así lo ha determinado la Dirección General de Trabajo (DGT) tras interpretar el alcance de la disposición adicional sexta del Decreto Ley 8/2020, una cuestión que había suscitado numerosas dudas. De este modo, las que no respeten el compromiso de mantenimiento del empleo deberán reintegrar la totalidad de importe de las cuotas que hubiesen dejado de ingresar, al margen del número de trabajadores afectados por el incumplimiento.

El criterio, aunque no es público, ha sido desvelado por la Dirección General de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social en una nota informativa (y no en una instrucción, que sí resultaría vinculante para los inspectores). En el texto, el organismo explica, que tras varias consultas, ha recibido la respuesta del citado centro directivo y que este determina que la disposición adicional debe entenderse «en el sentido propio de sus palabras». Esto es, que «las empresas que incumplan este compromiso (de mantenimiento del empleo) deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes».

Según la exposición de la DGT, esa interpretación respeta el espíritu de una medida de «carácter excepcional» que lo que busca es la «preservación del empleo». Y también subraya que el reintegro no supone «en puridad» una sanción, «por lo que no se considera que se hayan de aplicar los criterios de proporcionalidad», tal y como se ha argumentado en algunas de las consultas recibidas.

Una posición controvertida

La posición que adopta la DGT es la más severa con respecto a las empresas en apuros. De hecho, Pere Vidal, letrado en Augusta Abogados, y Robert Gutiérrez, experto en Derecho Laboral, apuntan que tendría encaje la interpretación contraria; es decir, que las compañías que despidieran dentro de los seis meses solo devolvieran las exenciones del personal del que hubieran prescindido.

«Que el reintegro no tenga carácter punitivo no confiere carta blanca a la Administración para imponer consecuencias desproporcionadas al incumplimiento empresarial», subraya Vidal, que indica son varias las sentencias, incluida alguna del Tribunal Supremo, que han obligado a introducir criterios de ponderación en, por ejemplo, resoluciones de litigios o devoluciones exigidas a compañías.

Gutiérrez, por su parte, recuerda que la DGT «ha emitido multitud de criterios en los que se le ha preguntado sobre la materia, rehusando una y otra vez dar una contestación clara y rotunda», por lo que puede cuestionarse que resulte indiscutible la interpretación del literal del precepto. «Ella misma reconoce haber recibido muchas consultas de distintos organismos, incluyendo la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social», apunta en este sentido.

«Solamente una finalidad recaudatoria inconfesable permitiría sustentar una interpretación como la que sostiene la DGT», critican ambos juristas, que señalan que el Decreto Ley 8/2020 no solo tiene como objetivo «reforzar la protección de los trabajadores», sino también «apoyar la continuidad en la actividad productiva y el mantenimiento del empleo». Una meta que pone en peligro la interpretación difundida. Vidal y Gutiérrez recuerdan que existen otros beneficios para las empresas en las que la penalización por incumplimiento se individualiza al empleado afectado y no se extiende al total de la plantilla.

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