Portugal aprueba un proyecto de ley para legalizar a extranjeros indocumentados

Portugal ha aprobado un proyecto de ley que agiliza la legalización de los ciudadanos extranjeros indocumentados. No se trata de una ‘barra libre’, pero la propuesta del Partido Comunista portugués (PCP) sale adelante con dos premisas básicas que benefician ya a unas 30.000 personas, de acuerdo con las estimaciones oficiales.

El socio gubernamental de los socialistas (que no coalición) logró seducir a Los Verdes y al Bloco de Esquerda (lo más cercano a Unidos Podemos al otro lado de la frontera) implantando como requisitos imprescindibles a) el desarrollo de una actividad profesional acreditada en suelo luso o b) la residencia demostrable en Portugal con anterioridad al 1 de julio de 2015.

La medida, que contempla un permiso de residencia con total vigencia, no afecta únicamente a los implicados sino que incluye también a los familiares que se encuentran con ellos en el país vecino, una de las circunstancias determinantes para que el CDS-PP de Assunçao Cristas optase por posicionarse en contra. El partido más a la derecha del espectro parlamentario en Lisboa se erigió en el único que rechazó la normativa, puesto que los conservadores moderados del PSD se decantaron por la abstención, como también el socialismo en el poder bajo el mandato del primer ministro, António Costa.

El proyecto de ley no concede ninguna importancia al hecho de que los inmigrantes entrasen de manera irregular en territorio portugués. Tampoco se les penaliza si han permanecido en condiciones no del todo claras.

Y es que la medida prioriza la dimensión «humana» de aceptar a otras gentes que no disponen de recursos en sus lugares de origen, tal cual ha resumido el PCP al encabezar la resolución política con estas palabras: «El racismo y la xenofobia no se combaten con la exclusión social de los inmigrantes. Se combaten, precisamente, con la integración social, tratando a todos los ciudadanos con la dignidad a la que los seres humanos tienen derecho».

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Esta aprobación llega justo cuando media Europa sigue el camino contrario: el del endurecimiento de las políticas migratorias, ejemplificadas en el mandatario húngaro Víktor Orbán y su controvertida estrategia.

La razón de fondo del nuevo proceder de Portugal hunde sus raíces en la Ley de Extranjería, que ya avanzaba la posibilidad de conceder la documentación pertinente a aquellos hombres y mujeres que lo necesiten por «motivos humanitarios, de interés nacional o interés público a consecuencia del ejercicio de una actividad en los ámbitos cultural, científico, deportivo, económico y social».

Los 30.000 inmigrantes beneficiados de manera inmediata por el flamante proyecto de ley constituyen una primera tanda, puesto que una segunda fase aplicaría las ventajas a otros 45.000 más, de acuerdo con la estimaciones oficiales en un país que tiene censados a unas 430.000 personas no nacidas en el país.

El propio ministro de Administración interna, Eduardo Cabrita, explicó semanas atrás la postura de las autoridades: «Portugal necesita más inmigrantes para combatir el problema demográfico. Hay quien cree, en otros países europeos, que los inmigrantes son un problema. El Gobierno portugués entiende que, para ser competitivo y tener un saldo demográfico positivo, los inmigrantes son una solución».

La baja natalidad y el envejecimiento de la población explican estas necesidades, con especial hincapié en el empleo cualificado y, cada vez más, en el área de la tecnología.

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