Popular, la hora de la verdad y solamente la verdad

Los principales ejecutivos de la banca española no terminan de levantar cabeza. Llevan años lamentando cómo se ha ido judicializando el sector en la última década, algo que crea una gran inseguridad jurídica tanto a ellos como a inversores institucionales que han confiado en España como destino de sus inversiones. Cláusulas suelo, preferentes, IRPH, bonos convertibles, gastos de hipoteca… miles y miles de casos, alimentados al mismo tiempo por diversos despachos de abogados especializados en demandas contra la banca, que han dañado la reputación de las entidades, por cierto, cada vez más perjudicadas –incluso en situación de cierto «ahogo»– por la actual situación de bajos tipos de interés y rígida y cambiante regulación que les acorta paulatinamente márgenes y negocio. La banca es el aparato circulatorio de la economía de cualquier país, y si no funciona a pleno pulmón, tampoco la economía.

Las sentencias finales han sido dispares, a favor o en contra tanto para entidades como para clientes. Pero, sea como fuere, ahí están. Tocando marca. Enturbiada ésta más si cabe al estar también en tela de juicio la gestión de la alta dirección de muchos de nuestros grandes bancos, embarcados en una gran variedad de procesos judiciales que está dejando más que KO la deseada vuelta a la reputación, «requeteperdida» tras la crisis.

¿Y las autoridades competentes a qué se dedicaban entonces si dieron por buenos todos esos productos y actividades en su momento? Además, reguladores y legisladores han cambiado las normas en tantas ocasiones -creen muchos que para salir exculpados de la crisis-, que han dejado cual díscolas ante las nuevas reglas a las propias entidades financieras.

¿Y los jueces, no han entendido esa realidad? Pues me temo que empatía,más bien cero. De hecho, el sector ahora afronta un otoño calentito en los juzgados. Arrancaba septiembre con el juicio por la salida a Bolsa de Bankia para la exposición de conclusiones. Hoy, ha quedado ya visto para sentencia. Una vez superado septiembre, el turno de otros grandes casos que igualmente están haciendo mucha pupa reputacional a dos de los gigantes españoles del sector. Por un lado, el caso BBVA-Villarejo y, por otro, el de Banco Popular (hoy propiedad de Banco Santander) con las declaraciones de los primeros investigados y/o imputados. En el caso primero, lejos de una resolución, la causa está en secreto de sumario desde hace meses. Se conoce eso sí la imputación de ocho directivos y exdirectivos –«agarrados» casi todos al derecho a no declarar–, la de Villarejo y su abogado, y la de la entidad. Nadie duda –ni él mismo, y lo estará deseando para aportar su verdad– de que también imputarán al expresidente Francisco González.

Pero el más reciente en el tiempo, desde el pasado día 2, es el proceso de investigación en el que están embarcados los exconsejeros de Popular, inaugurado por su último presidente, Emilio Saracho. Por cierto, Santander –también a la espera de juicio por la demanda del fichaje frustrado como CEO de Andrea Orcel– tras conseguir su desimputación, se juega mucho en esta causa, ya que el tribunal le puede hacer responsable civil subsidiario de esos presuntos delitos cometidos por exdirectivos del Popular.

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En cualquier caso, tras la declaración de Saracho, fue el turno (el día 9) del que fuera vicepresidente del banco, Roberto Higuera, que declaró al magistrado una realidad distinta a la descrita por Saracho. A saber: que durante la presidencia de Ángel Ron (declarará el 30 de octubre) la gestión del banco fue independiente y que se realizó con «ortodoxia financiera».

Y es que todo cambia según el prisma desde el que se mire, si bien, «alguien» intentó, según me cuentan desde el entorno de Ron, que se viera del mismo color a través de un mismo cristal, el jueves 22 de junio de 2017, apenas 15 días después de la intervención del Popular y la compra exprés del Santander por un euro. El entonces presidente de Santander España –un día después, nuevo presidente de Banco Popular–, Rodrigo Echenique, le «recomendó» a Ron la posibilidad de pactar con Saracho una versión única sobre las razones que habían llevado a la caída del banco, algo que rechazó y que, al parecer, nunca se llegó a ofrecer a este último. Unos hechos que desde el Santander desmienten. Las mismas fuentes explican que Ron le dejó claro a Echenique que dejó el banco «con las cuentas en orden, el capital al nivel de otros competidores y elevada liquidez, y que no pactaría ninguna versión de ningún tipo». A partir del martes 15, ¿más versiones o realidades de los exdirectivos?

Y mientras, una sentencia recurrida estos días, por basarse, «en un hecho notoriamente erróneo». Hablo de la que obligaba a Ron a devolver su pensión. La magistrada, en su fallo ante una demanda del Santander, cree que esa pensión es parte del variable y, según las nuevas normas bancarias, no debería cobrarla por las pérdidas del banco. Según la jueza, el Popular asumió esa norma al modificar el 27 de julio de 2016 su política de remuneración para 2017, 2018 y 2019. Escándalo al canto. La defensa de Ron esgrime en su recurso de apelación –al que ha tenido acceso ABC– no solo que esa pensión era parte del salario fijo, sino que la pensión por prejubilación, completa, está basada solo en el salario fijo. La poliza que contrató el banco con Mapfre tenía el objetivo de pagar al banquero el fijo, «no hay variable». Y la resolución, que también está recurrida, no obliga a devolverlo todo, porque solo afecta al variable. Además, los abogados de Ron confirman que el Popular nunca celebró una junta el 27 de julio de 2016 para aprobar esa política ni en esa fecha se modificó. Alegan los abogados que un error de «tal calado y trascendencia contamina e invalida toda la sentencia».

Al final, la verdad tiene tantas caras como personas que la tienen que contar, así es que será el juez quien deba decidir basándose en hechos probados y manifiestamente ciertos sobre el que basar el fallo definitivo. Entonces, la sentencia irá a misa. Pero mientras tanto, por favor, la verdad y solamente la verdad, pero para todas las partes. El daño reputacional de las personas va a la velocidad del rayo.

María Jesús PérezRedactora jefeMaría Jesús Pérez

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