Mónica Oltra asegura que la Generalitat no tiene capacidad de apartar al presunto abusador de una menor

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha defendido este viernes la actuación de la Generalitat en el caso del presunto caso de abusos sexuales a una menor en un centro de acogida. El juicio por los hechos, que habrían ocurrido entre finales de 2016 y principios de 2017, tuvo lugar ayer jueves. La Fiscalía se mantuvo en la petición de cinco años de prisión para el acusado, Luis. R. I., exmarido de la propia Oltra. También solicita una indemnización de 6.000 euros para la víctima, que todavía es menor de edad y, debido a que la Generalitat no ha sido parte en el procedimiento, no hay responsable subsidiario. Según ha detallado la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, el protocolo se activó de manera inmediata ante las sospechas. En una primera fase, el centro comunicó lo relatado por la víctima a la dirección general dependiente de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige la propia Oltra. En una segunda, una psicóloga evaluó la situación de la menor y en una tercera, el departamento, a petición de la Fiscalía, trasladó a la joven a otro centro. Uno de los problemas admitidos por la propia Oltra es que la Generalitat no tiene capacidad de apartar al acusado del centro -algo que sólo se hizo temporalmente mientras se investigaba lo ocurrido y ahora continúa en su puesto de trabajo- evitando el contacto con menores. «La política de personal en los centros cuando no son públicos es independiente y no podemos actuar. Es la problemática de tener un sistema de protección de menores privatizado. En todo caso, lo que hizo la Conselleria fue trasladar a la menor a otro lugar en función de un requerimiento de la Fiscalía, con la que se colaboró en todo momento. Si hubiera desprotección de los menores, «el Ministerio Público o el juzgado habrían dictado medidas cautelares», ha afirmado. En cuanto a la personación de la Generalitat, que no se ha dado, ha explicado que sólo ocurría por violencia de género. Con la ley actual de Infancia, se actúa de esta manera cuando existe violencia hacia los menores. Ni en el caso de Segorbe -donde se produjo otra situación de presuntos abusos- ni en este caso la Generalitat se ha personado, ha destacado. La diferencia, en su opinión, han sido la actuación del centro, que esta vez sí avisó al Gobierno. Oltra ha destacado que, a raíz de todo ello, la dirección de Infancia y Adolescencia remitió en 2017 una instrucción taxativa a todos los centros para que comunicaran inmediatamente a la Administración cualquier sospecha de abusos. «Antes no había una orden tan clara», ha comentado, incidiendo en que se dio a consecuencia del asunto ahora judicializado. La víctima, desprotegida según la Fiscalía Pese a que la Fiscalía alertó ayer que la víctima se encuentra en una situación de desprotección, la vicepresidenta del Consell ha afirmado que los menores no están desprotegidos en la Comunidad Valenciana. En su escrito de acusación, la fiscal exponía que el hombre, mientras hacía el turno de noche, se introducía en la habitación de una de las menores -una chica de catorce años en esa época que dormía a veces en un espacio separado del resto por mal comportamiento- y, creyendo que estaba dormida, le daba «masajes» y le cogía la mano para masturbarse. Ayer, él lo negó y sólo admitió que en alguna ocasión la joven le pidió que le diera un masaje en el cuero cabelludo para relajarse. Algo que corroboró la joven en su declaración, pero se ratificó en su relato de los abusos, los cuales no denunció en un primer momento, según señaló, por vergüenza. Un agente que acudió como testigo indicó que ella sintió miedo de comunicar lo sucedido porque el acusado les decía que «conocía a gente muy influyente» (aunque en ese momento ya no mantenía la relación sentimental con Oltra). La Fiscalía hizo hincapié en la desprotección de la menor, tutelada por la Generalitat, ya que no ha recibido asistencia jurídica. Al desconocer las acciones que la ley le permite emprender al respecto no ha podido, por ejemplo, exigir responsabilidades a la Administración, encargada en última instancia de ella al estar en un centro de acogida.

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