Moncloa, sucursal Ferraz

Sin respetar el carácter institucional del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, cuestionó ayer en rueda de prensa que pueda existir una alternativa al Gobierno del PSOE al frente de la Junta de Andalucía. «Resulta difícil entender que PP o Ciudadanos se arroguen el derecho a presidir la Junta», dijo Celaá nada más arrancar su comparecencia semanal. Tras las elecciones andaluzas del pasado domingo, Celaá defendió que «el claro vencedor fue el PSOE de Andalucía» y que por tanto «Susana Díaz está legitimada» para intentar formar Gobierno. Un arranque que sorprendió de forma general a los informadores porque suponía una clara demostración de partidismo. Celaá expresó su preocupación por la aparición de Vox. Y tras asegurar que le «sorprende» que PP y Ciudadanos intente hacerse con la presidencia, pese a que el PSOE gobierna en España siendo la segunda fuerza y no el partido más votado, señaló que su sorpresa es «aún mayor» por buscar la presidencia de la mano de Vox. Celaá demanda que sea Cs quien facilite el Gobierno al PSOE formando un Ejecutivo «constitucionalista y europeísta». Cuestionada por el hecho de que Sánchez accedió al poder siendo la segunda fuerza del parlamento y aupado por los independentistas, en primer término aseguró que el Gobierno «no defiende» de modo imperativo que tenga que gobernar la lista más votada pero que le «sorprende» que al PP «no le interese tocar ese tema». Y se negó a comparar el apoyo que Sánchez recibió de los independentistas porque era una moción de censura y «nada se negoció», mientras que ahora da por sentado que si Vox llega a un pacto con PP y Cs «habrá cesión sin duda». Su intervención se convirtió en un mitin contra la formación de Santiago Abascal. Celaá reflexionó que España ha sido el último país de Europa en «sufrir el impacto de la extrema derecha», pero lamentó que «podemos ser el primero» en ver cómo los partidos de la derecha se apoyan en esa ultraderecha para lograr el poder. El Gobierno considera que Vox es una «clara amenaza» para la calidad democrática por el «retroceso» en políticas sociales e igualdad. Cuando se le preguntó a Celaá por los motivos concretos por los que desde el Gobierno se cuestiona la constitucionalidad de Vox, Celaá empezó mostrando «respeto» para sus votantes, pero puso el foco en el hecho de que la Constitución «consagra» el Estado de las autonomías y que «ir de frente a atacar eso resulta un retroceso en lo que hace 40 años acordamos». Tuvo que reconocer, eso sí, que se trataba de un cuestionamiento político porque «en términos jurídicos lo tendría que apuntar el Tribunal Constitucional». La portavoz del Gobierno, obviando que estas formaciones tienen cada vez más apoyo en Francia o Alemania, recomendaba la misma estrategia que en esos países no ha impedido que sigan aumentando sus apoyos. Defendió que «en casi todos los países existe un cordón sanitario para no blanquearla». Como si de una rueda de prensa del PSOE se tratase, el Gobierno mostró su interés por conocer «cuál va a ser el modelo de relación que van a realizar PP y Ciudadanos». Pese a que Celaá llamó a evitar que Andalucía se convierta en «cuna de la extrema derecha», el PSOE rechaza el planteamiento de Albert Rivera de que apoye un Gobierno Ciudadanos-PP, lo que demuestra que su preocupación no es frenar a Vox sino mantener el poder. La batalla del Presupuesto El Consejo de Ministros aprobó ayer otra vez los objetivos de estabilidad 2019-2021. «Se remite nuevamente al Congreso los mismos objetivos que en su momento no fueron aprobados en julio por la Cámara Baja», anunció la portavoz, Isabel Celaá. Desde el ministerio de Hacienda se define esta aprobación como «un mero trámite» y un requisito previo para presentar los Presupuestos de 2019, que el Gobierno quiere aprobar en el mes de enero. «Se trata de reforzar la garantía de que ni PP ni Cs utilizarán la Mesa del Congreso para bloquear el proyecto», explican desde Hacienda. La portavoz Celaá explicó que la decisión se adopta tras consultar con Abogacía del Estado «que entiende que es un requisito» de la ley de estabilidad. Pese a las llamadas de atención desde las instituciones comunitarias, Celaá defendió que esta senda de reducción de déficit es «una senda realista». El Gobierno aprueba esta senda que sitúa el desvío del déficit en el 1,8%, pero ante la dificultad para sacarlo adelante y sin haber podido reformar la ley para eliminar la capacidad de veto del Senado, todo está preparado para proceder con la senda anterior (1,3%): « Los Presupuestos se presentarán en enero y con el objetivo de déficit que esté en vigor en ese momento», asegura el Gobierno. Esas cinco décimas de diferencia obligarán a un ajuste, que en el caso de la Administración Central será de una décima, con lo que tendrán que ajustarse unos 1.200 millones de euros.

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