Marcos Benavent pide que la consellera Rosa Pérez y el diputado Vicente Betoret declaren ante el juez

VALENCIA Guardar

El exgerente de Imelsa Marcos Benavent ha presentado un escrito ante el juez para solicitar que declaren como testigos varios cargos relacionados con la Diputación de Valencia en la pieza del «Call Center»que se investiga dentro de caso Taula.

El autodenominado «yonki del dinero» ya apuntó a varios de ellos durante su último interrogatorio el pasado octubre en esta pieza separada que indaga en el amaño del contrato de este servicio, que habría ido a parar a una empresa relacionada con el exsuegro de Benavent, Mariano López.

Así, ha pedido que acuda en primer lugar la actual consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo (Esquerra Unida). Según argumenta, alcanzó un pacto con su exsuegro por el que a cambio de la entrega de las grabaciones que dieron lugar a la causa, paralizó sus peticiones en relación al contrato formalizado de la empresa Servimun, así como con los cobros percibidos por López vinculados al camping El Teularet.

Benavent también incluye la comparecencia del diputado del PP Vicente Betoret, expresidente del partido en la provincia de Valencia. En este sentido, asegura que es con quien su exsuegro dice tener cerrada la negociación del Call Center en un mensaje dirigido a José Manuel Orengo, exnúmero tres del PSPV.

Precisamente solicita que este último sea citado igualmente por ser miembro del Consejo de Administración de Imelsa y con el que, supuestamente, Mariano López negociaba la renovación «del contrato fraudulento del Call Center, actuando como interlocutor de éste frente a terceras personas».

El letrado de Benavent pide la testifical de los populares Rafael Soler -en su condición de gerente de Imelsa «durante el desarrollo fraudulento del contrato» objeto de la investigación- y de José Manuel Haro -diputado responsable del órgano rector del servicio durante la ejecución del contrato-.

Por último, solicita la declaración de los últimos dos presidentes de la Diputación de Valencia. Tanto de Jorge Rodríguez -investigado en la causa de Divalterra- como máximo responsable de la corporación provincial después de Alfonso Rus durante la ejecución del contrato, como de Toni Gaspar, con quien, dice, trató la renovación del Call Center su exsuegro.

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