Malestar por la doble estocada a la Justicia

No es la primera vez que una ley plantea problemas de interpretación, pero pocas veces estos problemas se han gestionado tan mal como ha sucedido con el impuesto de las hipotecas. En una Sala, la Tercera, ya de por sí fragmentada en buena parte por las filias y fobias hacia su presidente, Luis María Díez-Picazo -y su controvertida decisión de convocar el Pleno del lunes con la sentencia que hacía recaer sobre el banco el pago del impuesto ya dictada-, se suma ahora la intervención del Ejecutivo para modificar, de forma precipitada, y a golpe de demagogia, una decisión polémica, pero adoptada por el Poder Judicial.

La imagen del Tribunal Supremo queda nuevamente lastrada con una desautorización que supone una bofetada en la cara a los magistrados de la más alta instancia jurisdiccional del país. Una bofetada a la Sala de lo Contencioso-Admistrativo, la que se encarga de revisar los actos del Gobierno. A estas alturas nadie es capaz de asegurar queel Ejecutivo no va a volver a maniobrar cuando no comulgue con la decisión que pueda tomar otra Sala de este Tribunal respecto a cualquier otro asunto. Basta recordar que hace apenas unos días, a las puertas del escrito de calificación del 1-O, el propio presidente del Gobierno cuestionó la existencia del delito de rebelión por el que Llarena procesó (con el aval posterior de la Sala Penal) a los líderes independentistas catalanes.

En el Alto Tribunal el malestar que ha provocado el caso del impuesto de las hipotecas es más que patente. La imagen del tribunal ha quedado lastrada a cuenta de una decisión tan ajustada (15-13) que se podría haber invertido si los tres magistrados que por distintas razones no acudieron a ese Pleno lo hubieran hecho. El fallo obviamente es legal, pero fuentes de la Sala Tercera no ocultan que lo deseable habría sido tomarlo con una mayoría holgada y que no fuera el voto del presidente el que inclinara la balanza hacia la posición que precisamente justificó la convocatoria de este Pleno: la «enorme repercusión económica y social» del giro jurisprudencial.

Una «magnífica oportunidad»

Un buen número de togados está molesto por que la opinión pública pueda interpretar que la Justicia se ha movido a golpe de teléfono de la banca, lo que desmienten tajantemente. En este sentido, los magistrados que participaron en el cónclave judicial habían enterrado el hacha de guerra contra su presidente con la intención de no hacer más sangre sobre qué motivo la convocatoria de este Pleno, pero los ánimos se volvieron a caldear el segundo y último día de reunión. Fue el momento en el queDíez-Picazo empezó a poner límites al debate y se ofuscó en que se votaran dos posturas sin matiz alguno: que el impuesto lo pagara la banca o que lo pagara el cliente, cuando para un buen grupo de magistrados la retroactividad era una cuestión básica. De hecho, como informó ayer ABC, Pilar Teso, candidata de la ministra Dolores Delgado para presidir el Supremo, defendió esa postura intermedia, que pasaba por considerar que el pago del impuesto recayera en la banca pero sin retroactividad, es decir, desde la sentencia del 16 de octubre. Su propuesta, que si hubiera sido aceptada en cierto modo habría supuesto que todas las partes implicadas salieran airosas de esta polémica, fracasó… Hasta ayer, cuando casualmente fue rescatada por Pedro Sánchez para anunciar una reforma que en la práctica tendrá unas consecuencias parecidas a la propuesta de Teso: los bancos empezarán a pagar cuando el real decreto anunciado por el presidente del Ejecutivo entre en vigor.

Entretanto, los jueces culpan al legislador por su falta de claridad. Unos minutos antes del anuncio de Sánchez, el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, instaba al Gobierno a que definiera quién debe pagar el impuesto hipotecario. El Ejecutivo y el Congreso tienen ahora una «magnífica oportunidad» para hacerlo, dijo. Para entonces ya habían pedido su dimisión dirigentes políticos como la socialista Almudena Lastra o el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, siempre preparado para sumarse a una campaña de desprestigio a la Justicia.

Y mientras Juezas y Jueces para la Democracia también pedía dimisiones por la gestión de este asunto, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) tildaba ayer de «radicalmente injusto» que se acuse a los jueces de estar sometidos a los bancos. «No es aceptable que se difunda la idea de que los jueces estamos absolutamente entregados a intereses espurios», señaló su portavoz, Celso Rodríguez.

Lee más: abc.es


Comparte con sus amigos!

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *