Madrileños y navarros son los que pagarán más por el cambio fiscal en las hipotecas

El cambio que ayer aprobó el Gobierno sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), para que afronte el tributo el banco y no el cliente en las futuras hipotecas, dibuja ganadores y perdedores por comunidades autónomas. Fuentes financieras consultadas por ABC confirman que las entidades repercutirán el tributo sobre el cliente de forma homogénea en todas las comunidades, sin diferenciar entre las que tienen tipos bajos o altos, lo que penalizará a los clientes de comunidades con una presión fiscal más reducida, que deberán afrontar una factura superior a lo que hubieran pagado hasta ahora. Los más damnificados, así, serán madrileños -que ahora tienen un tipo del 0,75%- y riojanos, canarios y cántabros -un 1%-. También los navarros que pidan una hipoteca en el futuro se verán afectados, ya que el Gobierno foral ha anunciado que modificará su propia ley para que las entidades paguen. El tipo en la región es del 0,5%.

De esta forma, pese a que el impuesto es cedido a las comunidades, que aprueban sus propios tipos y bonificaciones, el cliente al dejar de pagarlo no advertirá la diferente presión fiscal. Serán las entidades las que lo hagan y, al repercutir el coste en el cliente, no distinguirán entre regiones, ya que ello supondría una «anomalía» en el mercado hipotecario, apuntan estas fuentes. «Lo que no podemos hacer es vender a pérdidas», apuntan.

Al cambiar el sujeto pasivo, es decir, el pagador, se producirá así una «armonización» del impuesto, al menos de cara al cliente que ya no percibirá las diferencias entre Madrid, la comunidad de régimen común con menores tipos, y Cataluña, Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Galicia y Murcia, las que lo tienen en su gama más alta, el 1,5%. País Vasco, que tiene un tipo del 0,5%, será el único territorio en el que el sujeto pasivo será el cliente, si el Gobierno foral del PNV no cambia la ley foral.

2.500 euros más en intereses

Si bien el Ministerio de Economía trabaja en aprobar la creación de una oficina de defensa del cliente para evitar la repercusión del impuesto al consumidor a través de «cláusulas abusivas», la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no aclaró ayer si vigilará que no lo incluyan en otros conceptos como comisiones por otros servicios o el interés cobrado al hipotecado, ni si las decisiones de este organismo serán vinculantes, es decir, si podrá obligar a que los bancos reculen en caso de infracción. Para ello remitió a preguntar a la propia Nadia Calviño la semana que viene. «Creemos en la responsabilidad de las entidades y la competencia es básica», incidió.

En una hipoteca de tipo fijo, iAhorro calcula que con un incremento del 0,11% el banco ya estaría recuperando el coste del impuesto. Aplicar este porcentaje en una hipoteca de 200.000 euros supone 2.500 más en intereses. Ahora en Madrid, en el caso de un inmueble de este valor para una vivienda habitual , pagaría 1.500 euros por AJD.

Sin rebajas a colectivos vulnerables

Junto a ello, como ayer confirmó Montero, también desaparecerán las bonificaciones a personas físicas que habían aprobado hasta ahora las comunidades para aquellos que pedían una hipoteca y que, en su mayor parte, beneficiaban en la compra de un inmueble a familias numerosas o de acceso a viviendas de protección oficial, jóvenes o discapacitados, es decir, algunos de los colectivos más vulnerables en el acceso a la vivienda, máxime en un momento en el que ante el endurecimiento de la política monetaria, se encarecerá la financiación.

Montero aclaró que se reunirá con las comunidades autónomas la semana que viene al convocar a sus directores de tributos para discutir cómo queda el impuesto. En concreto, en las bonificaciones regionales a personas físicas del impuesto, que al ser el banco el pagador, «decaerán», señaló la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La suma afectada supone varias decenas de millones de euros, siendo Andalucía y Cataluña las regiones que cuentan con mayores bonificaciones de este tipo en el tributo, según sus memorias de beneficios fiscales.

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