Luxemburgo se atreve con el transporte gratuito | Sociedad

Las tarjetas no se recargan. Las máquinas no pitan. Los revisores no multan. Ni siquiera aguardan vigilantes en la parada al despistado o al pícaro. Para los pasajeros, basta con poner un pie dentro del tranvía, el autobús o el tren y dirigirse hacia su destino sin echar mano a la cartera. El simpa está legalizado. Luxemburgo estrena este domingo un sistema pionero globalmente: el transporte gratuito. Lo hace cumpliendo una promesa lanzada en 2018 por el Gobierno de coalición de liberales, socialistas y verdes que dirige el Gran Ducado, el segundo país más pequeño de la UE con 600.000 habitantes —poco más que la ciudad de Málaga—.

El razonamiento parece sencillo: en un país famoso por sus atascos, la gratuidad atraerá a conductores hartos de ver correr los minutos al volante. Su salida de las carreteras reducirá las emisiones contaminantes en un momento de máxima concienciación ambiental. Y de paso, el ciudadano de a pie se ahorrará unos euros en gasolina o billetes. La realidad es más compleja. 200.000 personas cruzan la frontera luxemburguesa cada día desde Alemania, Bélgica y Francia para trabajar, generando colosales embotellamientos que seguirán ahí. La infraestructura ferroviaria es antigua y lenta. Los revisores y el personal de taquilla deberán cambiar de empleo. Y el precio del transporte ya era muy asequible antes —4 euros el billete para todo el día—, sin apenas controles de billete, y gratuito para jóvenes y personas de bajos recursos.

«El problema del transporte en Luxemburgo no es el precio. Hay que invertir muchísimo para que sea atractivo», advierte Diego Velázquez, periodista del diario

El Ejecutivo ha aprovechado la medida para tratar de relanzar una reputación marcada por su historial como paraíso fiscal. Señalado a menudo como una suerte de patio trasero del capitalismo por sus ventajas a las empresas, Luxemburgo es un imán para el dinero. Sede de 137 bancos de 28 países, directivos, abogados, consultores y auditores se mueven con soltura por un ecosistema concebido para maximizar beneficios, muchas veces a costa de restar ingresos a las haciendas europeas.

Pero bajo esa capa de próspera pintura verde dólar se esconden otras realidades menos glamurosas. Un informe de la Comisión Europea publicado esta semana lo sitúa como el segundo socio de la UE con más trabajadores en riesgo de pobreza después de Rumanía —casi el 14%—. Tras el dato, unos precios de la vivienda desbocados que ni siquiera el salario mínimo más alto de los Veintisiete —2.100 euros brutos— logran hacer del todo accesibles.

El sábado, un festival de música dará la bienvenida al nuevo modelo de transporte público gratuito, del que se beneficiarán también los 1,2 millones de turistas que visitan el Gran Ducado cada año. Mientras sus dirigentes hablan del comienzo de un cambio de mentalidad, e incluso lo consideran su momento hombre en la luna por ser los primeros en embarcarse en una propuesta así, los más críticos lamentan que se haya priorizado el gratis total a la modernización de la red. Algo así como poner la guinda a un pastel todavía a medio cocinar.

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