Los Presupuestos de 2019 incluyen la mayor subida de impuestos desde 2012

El Gobierno ha entregado al Congreso de los Diputados los Presupuestos de 2019, aquellos que decidirán el curso de la legislatura y cuyo fracaso puede provocar un adelanto electoral. Con estos mimbres, el borrador de cuentas para 2019 incluye numerosos guiños a Cataluña, con 200 millones de inversión a la comunidad para cumplir con el Estatut, además de una subida de impuestos que será la mayor aprobada desde 2012, cuando España estuvo al borde del rescate soberano y el déficit superó el 9% del PIB.

De esta forma, la presión fiscal sube del 34,5% al 35,3% del PIB, explicó en rueda de prensa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ello supone la mayor subida desde 2012. Las principales serán la subida del diésel, que reportará 670 millones de euros que redundará en que la recaudación del impuesto de hidrocarburos pegue un subidón del 21,3%. El alza dejará fuera el gasóleo bonificado para agricultores y demás así como el régimen de gasóleo profesional, al que pueden acogerse transportistas y taxistas con taxímetro, si bien muchos trabajadores no están dentro de este sistema.

El incremento de IRPF supondrá una subida de dos puntos a las rentas del trabajo superiores a 130.000 euros al 47%, que será del 51% para las que ingresan más de 300.000 euros. Ello redundará en un aumento de los ingresos de 328 millones, a lo que se añadirán 339 por el incremento del 1% en el Impuesto de Patrimonio al último tramo de la tarifa.

Las grandes empresas pagarán 1.776 millones más por el endurecimiento de las exenciones por repatriación de beneficios del exterior, así como la fijación de un tipo mínimo sobre base imponible del 15% a las que facturan más de veinte millones, que será del 18% a banca y petroleras. Las 224 socimis que hay en nuestro país pagarán 10,5 millones de euros por el establecimiento de un tipo del 15% en Sociedades al beneficio no distribuido, exigencia de Podemos que se suma a las cuentas.

Mayor gasto social

A ello se le suma un aumento del gasto social que será el mayor ejecutado desde 2009, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. De esta forma, el desembolso engorda un 3,1% hasta los 365.520 millones de euros, de los que el 57,3% pertenecen a gasto social, que sube un 6,4% escalando a los 209.510 millones.

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Elevar la prestación por paternidad de 5 a 8 semanas costará 825 millones de euros y crecen un 60% la partida a Dependencia hasta los 2.232 millones, en el mayor aumento en lustros, las becas crecen un 10% a 1.620 millones y lo destinado a vivienda se amplía un 41% hasta 679 millones. En este último punto se incluye el plan de poner a disposición 20.000 viviendas con precios asequibles, lo que costará 137 millones.

Pero el gran elefante en la habitación lo supone el gasto en pensiones, que crece un 6,2% hasta la imponente cifra de 153.864 millones, el 42% del Presupuesto, en lo que incluye la vinculación de las prestaciones con el IPC, la subida del 3% de pensiones mínimas y el incremento de la base reguladora de viudedad del 56% al 60%. Todo ello beneficiará a 9,3 millones de pensionistas. Con la Seguridad Social en números rojos, el Estado aprobará, como lleva ya tres años haciendo, un crédito de 15.453 millones al sistema para no vaciar la «hucha».

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