Los presos del 1-O alegan ante el Supremo la «sobrecarga emocional» de sus familias

El Tribunal que va a juzgar a los procesados del 1-O ha vuelto a denegar la libertad solicitada por todos ellos y alega que el abatimiento de los miembros de la unidad familiar no es una razón de peso que neutralice el riesgo de fuga.

En un auto notificado este miércoles, la Sala Penal recuerda al exvicepresidente Oriol Junqueras y a los consejeros Josep Rull, Jordi Turull y Raül Romeva que «los sentimientos de aflicción de los familiares no pueden operar como razones desencadenantes de la libertad». Los magistrados responden así a los escritos presentados por las defensas de los encausados en los que alegaban la «sobrecarga personal y emocional» que está suponiendo para sus parejas e hijos la situación de prisión que viven. Para ello, han aportado informes médicos que apoyarían esa «grave afectación emocional».

Al margen de esta circunstancia, Rull se adelanta ya a la celebración del juicio y critica que tenga que afrontarlo en prisión preventiva a diferencia de los que van a ir cada día por su propio pie. «Implicaría un menoscabo del derecho de defensa la custodia del procesado en un recinto inapropiado y el hecho de alimentarse en condiciones precarias, en habitaciones del Tribunal Supremo no habilitadas para ello (…) Es obvio que en tales circunstancias la capacidad de atención y concentración de los investigados será ínfima a los pocos días de haber comenzado el juicio».

Buena alimentación garantizada

Sobre este aspecto, el tribunal responde que ni el contenido del derecho de defensa ni por supuesto el derecho a un proceso con todas las garantías, están afectados por las condiciones que, en su caso, presidirán la celebración de las sesiones» del juicio. «La dignidad de los procesados, las condiciones de su alimentación y la habitabilidad del lugar de su custodia, serán debidamente garantizadas por esta Sala», señala.

Quienes también recurren a las emociones en sus respectivos escritos al Supremo, en esta ocasión mentando a sus progenitores, son la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, la exconsejera Dolors Bassa y el exconsejero Joaquim Forn.

Forcadell explica que la «pluripatología que afecta a su madre, de 90 años, se ha visto complicada sobremanera por el impacto emocional que ha experimentado» al ver a su hija en prisión. Forcadell señala, además, que su nieto, que tiene 12 meses, «ni tan siquiera reconoce a su abuela y ha perdido los sentimientos afectivos respecto de una de las personas con las que mantenía un mayor vínculo emocional y era figura de apego esencial para el menor» durante los seis meses en los que Forcadell convivió con él antes de entrar en la cárcel tras su procesamiento.

«Red de auxilio» en el exterior

La Sala responde a la política en el mismo sentido que a sus colegas presos del «govern»: «Los fines del proceso y, de modo especial, las medidas cautelares que tienden a asegurar esos fines, no se desdibujan por los padecimientos que en el orden familiar puede acarrear la privación de libertad».

En su respuesta, en otra resolución, al escrito en el que Dolors Bassa pide su libertad alegando que no va a huir porque su madre está enferma, el tribunal asegura que «la objetiva gravedad de las imputaciones formalizadas, la fuga de otros procesados por los mismos hechos y la acreditada existencia extraprocesal de una red llamada a prestar auxilio a los procesados que han optado por sustraerse a la acción de la justicia son elementos que perviven y se imponen a la circunstancia sobrevenida del empeoramiento de la salud de la madre de doña Dolors Bassa».

De igual forma, la Sala contesta a Forn, que alegó que la enfermedad que padece su madre «está empeorando de forma exponencial» desde que él está preso.

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