Los abogados de familia critican retrasos de “hasta un año” en los informes para casos de custodia | Sociedad

Los equipos psicosociales de los juzgados funcionan de forma “deficiente o muy deficiente” y sus informes pueden demorarse incluso “más de un año”. Este es uno de los resultados de la encuesta que ha publicado este jueves la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), que han contestado unos 350 letrados. María Dolores Lozano, presidenta de esta organización que aglutina a 2.200 abogados especializados en estos casos, ha criticado la falta de recursos y la saturación de estos equipos, integrados por psicólogos y trabajadores sociales, y ha tildado de “demoledores” los resultados del sondeo. 

Los equipos psicosociales brindan un apoyo técnico a la labor de los jueces, al evaluar las capacidades parentales de los padres que recurren a los tribunales para determinar el modelo de guarda sobre los hijos, el régimen de visitas o la comunicación de los progenitores con los menores. El 60% de los encuestados considera que la demora para expedir un informe supera los seis meses. En tres de cada 10 peritajes se supera el año. “Esta demora es insoportable y provoca extraordinarias y gravísimas consecuencias prácticas”, sostiene la Aeafa en un comunicado. Los procedimientos se ralentizan, “mientras se mantiene en la indeterminación” a las familias durante ese tiempo. La única que opción que tienen durante ese periodo, mientras se dirime, por ejemplo, qué tipo de custodia se otorga, es llegar a un acuerdo temporal, hasta que el juzgado decida. “Los retrasos ahondan en el sufrimiento de las familias”, recalca Lozano. 

Tanto el Defensor del Pueblo como el Defensor del Pueblo andaluz han criticado los retrasos de los procesos judiciales y en la emisión de los informes psicosociales. Los abogados encuestados realizan una valoración muy negativa del funcionamiento de estos equipos. Casi la mitad califica su actividad de “deficiente o muy deficiente” y el 40%, de regular. Solo un 15% dice estar satisfecho con su labor. 

Lozano reclama una regulación del sector. Más de la mitad de los encuestados coincide en señalar que estos equipos actúan “sin protocolos específicos e instrumentos de evaluación apropiados para examinar a los integrantes de una familia”. Estos equipos “dependen de las comunidades autónomas, en aquellas en las que las transferencias en justicia están transferidas, y del Ministerio de Justicia, en los casos en los que no lo están”, apunta Lozano. Entre las recomendaciones del Defensor se especifica que los protocolos incluyan el número mínimo de personas que deben integrar cada equipo, su formación y la metodología que deben seguir durante la evaluación, según destaca la Aeafa. “Cada equipo usa su metodología, pero no se especifica qué cuestionarios deben usarse o cuánto tiempo debe dedicarse a cada familia”, prosigue Lozano. 

Nueve de cada diez abogados de familia que han participado en el sondeo consideran que estos informes son “determinantes” o influyen “mucho” en la decisión que tome el juez. Por ello, Lozano considera fundamental que se mejore el sistema, de tal manear que haya un “protocolo de actuación unificado y lo suficientemente completo para que los informes sean lo más objetivos posibles”. Dado el aumento de la conflictividad en los juzgados y la complejidad de estos conflictos, los abogados encuestados reclaman formación a estos equipos. Alrededor del 27% cree que su especialización es buena o muy buena, frente a un 73% que la califica de regular, deficiente o muy deficiente. 

“El problema es enorme. Pero es lógico que un equipo en el que un psicólogo y un trabajador social con 200 familias al año esté saturado. Es inviable. No tienen tiempo para tanto. Por un lado hace falta regulación del sector y, por otro, es imprescindible dotarlos de medios”, concluye Lozano. 

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