Legalidad y legitimidad

El 16 de marzo de 2016, el presidente Obama eligió para el Tribunal Supremo (TS) a Merrick Garland, un magistrado centrista de enorme reputación. El Partido Republicano en el Senado se negó a considerar siquiera su confirmación alegando que al presidente solo le quedaban ocho meses de mandato y no debía proponerle para un cargo que en Estados Unidos es vitalicio. Ese carácter vitalicio no hace desaparecer las preferencias ideológicas de los magistrados, pero la Constitución americana considera que asegura su independencia respecto de los partidos políticos. La propuesta del presidente era completamente legal y el designado reunía de modo ejemplar las condiciones requeridas. La única objeción fue política: el Partido Republicano no quería un magistrado centrista en el Tribunal Supremo; prefería bloquearlo sin razón alguna a la espera de las elecciones de noviembre de 2016 que dieron la victoria a Trump. La única razón esgrimida fue de orden moral: un presidente en plenitud de ejercicio, pero al que le quedaban ocho meses de mandato no debía proponer magistrados para un cargo vitalicio.

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