Las ruinosas empresas del Gobierno andaluz que cada año reparten mil millones en sueldos

La enorme «administración paralela» tejida por los sucesivos gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía ha convertido a este Gobierno autonómico en el mayor -y más caro- holding empresarial de la región. Es una gigantesca plataforma de colocación –tiene a más de 20.000 trabajadores en nómina– que se traga cada año más de 3.000 millones de euros de fondos públicos, de los que prácticamente mil se van en gastos de personal, en pagar sueldos y cotizaciones a la Seguridad Social. Cargado de números rojos recurrentes, a lo lago de los años se ha visto salpicado de la polémica por sus cuentas y manejos.

En sus cuentas del presente año, la Junta andaluza se reservó 11.640 millones de euros para gastos de personal -sueldos y cotizaciones a la Seguridad Social-: 5.906 millones para la plantilla de la Junta propiamente dicha; 4.763 millones para los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud y del resto de agencias públicas; y otros 971,5 millones para los gastos de personal del entramado de empresas, fundaciones y consorcios.

La Junta tiene 12 agencias administrativas, que suman no menos de 100.000 empleados públicos. El grueso corresponde al personal sanitario, la plantilla del Servicio Andaluz de Salud, que es una de esas 12 agencias de la Administración autonómica. Es la parte más visible de la arquitectura autonómica andaluza, en torno a la que orbita el entramado «mercantil» de la Junta. Es un conglomerado de empresas, fundaciones y consorcios lleno de recovecos y situado en los aledaños de la Administración. Está nutrido generosamente con fondos públicos, pero gestionado al gusto privado, sometido a controles mucho menos rigurosos que los que se aplican sobre la Administración propiamente dicha. En definitiva, un extenso entramado controlado plenamente por el poder político, pero alejado de los corsés legales que rigen en la Administración.

Larga lista de entes

Según los datos que están recogidos en el presupuesto autonómico de este 2018, ese entramado consta de 16 fundaciones, 12 consorcios, 23 empresas y 18 agencias públicas empresariales en las que el Gobierno andaluz ordena y manda con manos libres porque la Junta es el dueño único o el titular de más del 50% de las acciones -hay otra decena de sociedades mercantiles en las que participa la Junta de Andalucía, pero como accionista minoritario-.

El entramado de empresas, fundaciones y consorcios controlado plenamente por el Gobierno andaluz suma más de 20.000 empleados públicos, que cuestan casi mil millones de euros al año. Las cuentas de este 2018 previeron 971,5 millones de euros para pagar los sueldos y las cotizaciones a la Seguridad Social de todos los que están colocados en ese conglomerado paralelo que la Junta ha ido tejiendo durante décadas.

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Medido por la dimensión de sus activos, el tejido empresarial público de Andalucía es el segundo mayor de España, solo por detrás del controlado por la Generalitat catalana. Así lo ha constado el Tribunal de Cuentas (TCu) en el último informe que ha emitido sobre el sector público autonómico, un documento que ha visto la luz este año, pero que fiscaliza los resultados económicos del ejercicio 2015.

Números rojos recurrentes

Pese a los miles de millones de euros que la Junta inyecta en ese entramado para mantenerlo a flote, las deudas y las pérdidas son recurrentes. Lo han constatado también los auditores del Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, el sector empresarial de la Junta acabó 2015 con unas deudas totales de 4.772 millones de euros, 1.259 millones por préstamos de entidades financieras y el resto por deudas comerciales. Aquel ejercicio, la red de empresas públicas del Gobierno andaluz se anotó unas pérdidas de 349 millones de euros, pese a los miles de millones de dinero público que reciben año tras año.

Por su parte, las fundaciones controladas por el Gobierno andaluz se anotaron unas pérdidas de 19 millones de euros en 2015, que -según el TCu- habrían sido de 132 millones sin todas las subvenciones que recibieron.

En cuanto a los consorcios, en 2015 fueron subvencionados por la Junta con 76 millones de euros. Sin el dinero público que recibieron esos entes, habrían acumulado aquel año unas pérdidas netas de 85,2 millones de euros, según el TCu.

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