Las bicicletas compartidas, rentables para las ciudades y la salud de los usuarios

Su presencia en las metrópolis ha dejado de ser anecdótica. Los sistemas de bicicletas compartidas han calado en España y ya están plenamente integrados en los principales núcleos urbanos. Irrumpieron, como cualquier novedad, envueltos en un cierto escepticismo, pero el respaldo de los clientes y la concienciación social por el medio ambiente han disipado las dudas.

El IESE Business School ha estudiado la economía, los impactos sobre la salud y el futuro del «bikesharing» en trece urbes europeas (Londres, Berlín, Madrid, París, Hamburgo, Viena, Barcelona, Milán, Copenhague, Colonia, Turín, Bilbao y San Sebastián) y ha concluido que, por cada euro invertido, las ciudades analizadas han obtenido entre 1,37 y 1,72 euros de retorno. Para llegar a este resultado, los investigadores han valorado los ingresos, la creación de puestos de trabajo, los efectos en los sectores locales relacionados y el aumento de la demanda en los hogares que se benefician de dicha creación de empleo.

Si bien el impacto económico por sí solo no cubre el coste de los sistemas en todas las ciudades (el retorno oscila entre 0,79 y 1,14 euros por cada euro invertido), el informe destaca que «su combinación con los beneficios para la salud los hace plenamente rentables».

Para medir este aspecto, los investigadores de IESE han tenido en cuenta el incremento de la actividad física y la reducción del tráfico, de los que se ha descontado el riesgo de accidentes mortales y una mayor exposición a la contaminación del aire. En conjunto, los beneficios equivalen a la prevención de más de 90 muertes prematuras en las ciudades estudiadas entre 2014 y 2016, una cifra que supone el 0,12% de los fallecimientos de personas de menos de 65 años.

Acogida en España

En 2017, el 48,2% de los españoles de entre 12 y 79 años utilizaban la bici con alguna frecuencia y casi una cuarta parte lo hacía semanalmente, según datos del « Barómetro de la Bicicleta en España 2017», publicado por la Red de Ciudades por la Bicicleta. Desde 2009, los usuarios de esta forma de transporte han aumentado en 3,5 millones. «Se trata de unos resultados muy favorables, aunque queda mucho trabajo por delante. Estamos convencidos de que la revolución ciclista en España está aún en pañales», afirma Nacho Tomás, secretario técnico de la asociación.

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Carlos Fernández, profesor de sociología de la Universidad Autónoma de Madrid, asegura que el desencadenante del gusto por la bici «ha podido ser una creciente preocupación por el estado físico debido al carácter sedentario de muchas profesiones y sus impactos sobre la salud». Fernández apunta que, además, el caso español «coincide con la crisis económica, que reduce la renta disponible: el abono de transporte mensual se percibe como caro y esto lleva a algunos a usar la bicicleta como medio de locomoción en el espacio urbano». El docente señala que un tercer factor está relacionado con la concienciación respecto a las consecuencias medioambientales del tráfico, tanto a nivel general (preocupación por el cambio climático y por el consumo de energías fósiles contaminantes) como particular (episodios específicos de polución en grandes ciudades como Madrid).

Los sistemas públicos de bicicletas compartidas llegaron a España en el año 2003. El Ayuntamiento de Córdoba, a través de CycloCity, fue el primero en ofrecer este servicio en territorio nacional, con una flota inicial de 25 bicis mecánicas. Le siguió el consistorio de Gijón y, desde entonces, más de 40 municipios se han sumado a esta propuesta de micromovilidad. En la capital española, los ciudadanos tuvieron que esperar hasta 2014 para disfrutar de BiciMAD, el único servicio público de bicicletas compartidas que gestiona el Ayuntamiento y que, desde octubre de 2017, está integrado con la tarjeta de transporte.

Libertad de movimientos

El Observatorio de la Bicicleta Pública en España, por encargo de la Red de Ciudades por la Bicicleta, publicó el pasado mes de marzo un informe que analiza los sistemas públicos de bicicletas compartidas en el país. Actualmente hay un total de 43 sistemas, de los cuales 34 (el 79,1%) son de bicicletas mecánicas, 5 de eléctricas (11,6%) y 4 combinan mecánicas y eléctricas (9,3%). En cuanto a la gestión, el 86% es de tipo indirecta privada, el 9,3% directa pública y el 4,7% privada.

La investigación incluye datos sobre las finanzas del 69,8% de los sistemas: solo el 16,7% aseguraron que cubren las pérdidas, mientras que el 83,3% requieren subvención externa. Las bicis mecánicas son las que presentan un promedio de costes más bajo por bicicleta y año (1.081,19 euros), mientras que las eléctricas registran el promedio más alto (3.172,68 euros).

«España fue de los países pioneros en la implementación de sistemas de bicicleta pública y en 2010 llegó a tener 100 funcionando. Es algo muy destacado. Al principio no se esperaba que tanta gente los quisiera utilizar», asegura Esther Anaya, investigadora del Observatorio de la Bicicleta Pública en España. «Lo que tienen de bueno es que nos permiten improvisar, acceder a una bicicleta en cualquier momento y, además, hacerlo de forma unidireccional. Esta libertad de movimientos es una gran ventaja», añade.

Competencia

En cuanto a los sistemas privados, la primera empresa en entrar en el mercado español con la modalidad de «free-floating» –sin estaciones fijas– fue la danesa Donkey Republic, en 2017, que hoy opera en Barcelona y Madrid. Le siguieron Obike, fundada en Singapur, y la china Ofo, radicada en China, aunque ambas abandonaron sus actividades en España el año pasado.

En junio de 2018 aterrizaron tres nuevas marcas, con lo que se diversificó más la oferta: Mobike, que tiene presencia en Hospitalet de Llobregat, Madrid y Zaragoza; Scoot, que funciona en Barcelona; y TuCycle, asentada en Gijón. «A través de estos medios de micromovilidad buscamos que los movimientos tengan tres patas: más rápidos, más económicos y más sostenibles medioambientalmente», dice David Gómez, fundador de la compañía asturiana que ya tiene en marcha el desarrollo de bicicletas eléctricas y que, a principios de junio, cubrirá más áreas de la ciudad.

Electric RG, que se implantó a finales de 2018 en Zaragoza con una flota 100% eléctrica, también contempla un plan de expansión basado en «operar por toda España, reduciendo la huella de carbono, ayudando a mejorar el tráfico y la circulación por las ciudades». «El perfil de nuestros usuarios es muy amplio, al tratarse de un vehículo con asistencia al pedaleo la gente que se decanta por este servicio cada día es más», afirma Juan Meléndez Bernués, encargado de comunicación de la compañía.

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