La isla en la que todos graban | España

Bartolomé Tolo Cursach, dueño de la noche de Palma, ha sido desplazado del caso que lleva su nombre. Una guerra de guerrillas que salpica a jueces, fiscales y policías con grabaciones como arma ha enmarañado la investigación por corrupción contra el empresario y ha instaurado un clima de paranoia entre sus protagonistas. Bajo la turística Mallorca subyace el universo enrarecido de una isla en la que todos guardan algo de alguien.

Seis años después de que se comenzara a investigar al dueño de un holding que manejaba las mejores discotecas de la isla, Pachá y BCM, por sospechas de que tenía a sueldo a policías locales, por usar técnicas mafiosas para eliminar a la competencia o sobornar a políticos con fiestas de prostitutas, entre otros delitos, la lupa judicial se ha situado sobre el trabajo de quienes abordaron el grueso del caso, ahora apartados de la causa: el juez Manuel Penalva, el Fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán y cuatro policías de blanqueo de capitales.

La última reacción de juez y fiscal, avisando de que durante el último año han realizado grabaciones a su entorno para defenderse, ha generado un gran desconcierto en la capital balear, de 400.000 habitantes, en la que el mundo judicial es muy reducido.

El jefe del grupo de blanqueo que investigó a Cursach durante años reconoció la semana pasada a la juez María del Carmen Abrines que no se fiaba de nadie y que llegó a usar cuatro grabadoras, algunas colocadas por la comisaría, y que dejaba una de ellas grabando por las noches, según coinciden fuentes jurídicas. Este mando y otros tres policías declararon como imputados en una causa que empezó investigando la filtración a la prensa de un informe policial sobre las finanzas del empresario mallorquín, y en la que, durante el volcado de los móviles de los policías, se descubrió el grupo de Whatsapp Sancus —uno de los nombres que recibió en su inicio la investigación— en el que los policías comentaban su día a día con el juez y el fiscal.

El chat, cuyo contenido íntegro todavía no ha sido incorporado a la causa, acapara la atención y despierta las expectativas del centenar de implicados del caso Cursach, entre ellos decenas de policías, empresarios o políticos del PP. Según los informes policiales, en algunas conversaciones hablaban de los investigados con descalificaciones como “son unos hijos de puta, hay que machacarlos” o, “hay que detenerlo con esposas, sin miramientos”. Las primeras investigaciones del chat apuntan a prácticas procesales irregulares para lograr imputaciones “a toda costa”, “presiones a investigados para conseguir delaciones” o “utilización del tiempo que permanecían en los calabozos o prisión preventiva para ablandar a los investigados”.

Ni el juez ni el fiscal están imputados porque son aforados y la causa todavía está en un juzgado de instrucción. La juez Abrines ha permitido que se personen y tengan acceso a las diligencias para que no queden en situación de desigualdad en el caso de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares acuerde imputarles cuando le remita la causa.La Fiscalía Anticorrupción de Madrid, a cargo de la causa, apoyó que ese tribunal investigue al juez y al fiscal por revelación de secretos, obstrucción a la justicia y prevaricación.

Varios abogados creen que estos whatsapps pueden terminar conduciendo a la nulidad de parte del caso Cursach. El juez Penalva, de baja, no tiene la misma impresión. “Creo que no va a influir tanto, hay mucha prueba, 250 testigos, informes de Guardia Civil, de la Policía Local (…) Es muy fácil coger un mensaje y descontextualizarlo, pero hay que comprobar lo que pasó”, explica en su vivienda. Penalva se lamenta porque su nombre y el del fiscal han sido “arrastrados por el fango” desde hace año y medio. En marzo de 2018 fue recusado y apartado de la investigación después de que Vicente Coco Campañer, abogado de la órbita de Cursach, hiciera públicos otros mensajes de Whatsapp enviados por Penalva a una testigo conocida como “la madame”. En esas conversaciones Penalva llamaba “hijos de puta” a los investigados cuando, según el juez, ella le está contando que ha sufrido una paliza. “Hemos visto de cerca el sufrimiento de muchas víctimas y el clima de terror que han instaurado. Me puedo haber equivocado con los mensajes, pero estaba en mi obligación de amparar a una testigo, lo hice en la manera que entendí mejor”, argumenta el juez.

Tanto Penalva como Subirán han denunciado maniobras en la cúpula policial y en la Fiscalía Anticorrupción de Palma para apartarles del caso. Después de aportar dos grabaciones en diferentes causas, se muestran dispuestos a entregar más. “Se ha grabado, desde arriba hasta abajo, lo que se tenía que grabar. Ya veremos lo que sale”, avisa Penalva.

El exfiscal Pedro Horrach, conocido por su participación en el caso Noós —la causa de corrupción por la que fue condenado Iñaki Urdangarin, cuñado del Rey— compara esta dosificación de grabaciones con la estrategia que usó Diego Torres, socio de Urdangarin, de ir facilitando al juez de forma dosificada los correos electrónicos de la empresa que compartían. “Fue censurado por la Audiencia”, recuerda. Horrach, que ahora ejerce de abogado, representa a un subinspector imputado que se ha desmarcado de la línea de defensa de los demás policías y al que se investiga por haber manipulado dos expedientes.

Sonia Vidal, magistrada decana de los jueces de Palma, reclama transparencia. “Quiero saber qué ha pasado y que se responda en consecuencia, tanto para bien como para mal”. Vidal hizo encaje de bollillos el pasado verano para repartir las investigaciones de caso Cursach, tras la salida del sucesor de Penalva. El juez Miquel Florit, tercero de la causa, también está de baja y ha solicitado la jubilación después de que le hayan enviado a juicio por acordar la intervención de los móviles de dos periodistas para investigar la filtración del informe policial.

Ningún juez quiere el caso

Al menos tres jueces se inhibieron, dos por amistad con el juez Penalva, y otro porque una secretaria judicial de su juzgado era la esposa de uno de los policías locales imputados. Ahora la causa está repartida, pero el juez Enrique Morell, que lleva el grueso del caso Cursach, ha sido recusado y, una vez más, no podrá tocar un papel hasta que la Audiencia Provincial resuelva.

Como buen jugador de cartas, frío y con mente calculadora, Cursach ha sabido dejar hacer y aprovechar los acontecimientos, resume un veterano periodista de la isla.

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