La división en la UE paraliza la idea de un impuesto común para los gigantes de internet

Hace mucho tiempo que la Unión Europea intenta luchar contra la elusión fiscal por parte de grandes multinacionales. Pero la fiscalidad es un asunto que solo se puede decidir por unanimidad, y no solo Francia tiene seguidores a la hora de predicar la necesidad de tasar a las grandes multinacionales de internet, sino que hay un grupo de países, encabezados por Irlanda, que se han opuesto sistemáticamente a cualquier intento de establecer una regla fiscal general que haga que las compañías coticen en cada mercado por los beneficios que generan en él.

El problema es que mientras la UE avanza decididamente hacia la extensión generalizada del mercado interior único, las compañías multinacionales se pueden permitir el lujo de operar en el mercado más rico del mundo, pero pueden utilizar al mismo tiempo mecanismos perfectamente legales para pagar cantidades ridículas en impuestos. Y la mayoría de las veces, ni siquiera los pagan en Europa.

En los últimos años, Francia, Alemania, Italia y España han intentado lanzar una reforma conjunta de la fiscalidad europea para responder a las nuevas actividades económicas de las grandes multinacionales norteamericanas. Sin embargo, en el debate se ha formado otro grupo de países en contra de esta tasa, encabezado por Irlanda y en el que también figuran muy activamente Finlandia, Suecia y la República Checa, que temen perder los beneficios que les reporta su baja fiscalidad para las empresas multinacionales. Irlanda es el país que más se beneficia, porque otorga el acceso al mercado europeo a cambio de bajos impuestos.

El año pasado los países reticentes publicaron una carta en la que aducían que sería necesario «discutir la compatibilidad de tal impuesto respecto a nuestras obligaciones internacionales» y anticipaban la posibilidad de que tuviese «consecuencias políticas, económicas y jurídicas».

Así las cosas, el pasado mes de marzo los ministros de Economía eurpeos tuvieron que constatar que no existía ninguna posibilidad de avanzar conjuntamente en esta dirección, así que la idea de esta «tasa Google» fue abandonada ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, ni siquiera ante las formulaciones más sutiles del concepto de reclamar el pago de impuestos a estos gigantes. A cambio, solo se abría la posibilidad de llevar la discusión al seno de la OCDE, organización de la que Estados Unidos forma parte, para intentar una reformulación conjunta, a partir de fines de 2020.

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En España, el Gobierno socialista aprobó una tasa similar en el Consejo de Ministros a mitad del mes de enero, aunque la disolución de la s Cortes una vez que el Congreso rechazó los presupuestos en febrero, hizo que su aplicación esté suspendida. Su eventual puesta en práctica depende de que se forme un nuevo gobierno y que este tenga una mayoría suficiente para aprobar las cuentas del Estado.

La propuesta española plantea que paguen un impuesto del 3% sobre la facturación de sus actividades en España aquellas empresas digitales que facturen al año más de 750 millones a nivel global y 3 millones en España, y que se dediquen a la «venta de espacio publicitario on line».

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