La CNMC insiste al Ejecutivo en que no contrate a empresas condenadas por pactar precios

El mandato de la mitad del consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), incluido su presidente, caducó hace más de un mes. Sin embargo, la institución se encuentra más activa que nunca. No solo mantiene una feroz batalla con el sector energético, sino que también ha comenzado una persecución sin cuartel contra las empresas sospechosas de cometer fraude.

Al amparo de la nueva ley de contratos del sector público, la CNMC está presionando al Gobierno para que deje de contratar a empresas que formen cárteles. El organismo presidido por Marín Quemada reclamó por primera vez este veto en marzo de este año, cuando sancionó a 15 empresas con una multa de 118 millones de euros por formar un cártel que se repartió más de 200 concursos públicos de infraestructura ferroviaria de Adif valorados en unos mil millones de euros. La multa recibió duras críticas por parte de las empresas implicadas, que cuestionaron que se les intentara vetar de las licitaciones públicas simplemente por formar varias UTE (Unión Temporal de Empresas).

Contratos entre empresas privadas

Pese a las críticas, Competencia ha insistido en su idea. El pasado miércoles, la institución comunicó que ha multado con 54 millones de euros a 19 empresas (y a ocho directivos) relacionadas con el montaje y mantenimiento industrial. Y, una vez más, pidió que se expulsara a estas empresas de los contratos públicos, pese a que el supuesto fraude afectó a contratos entre compañías privadas. En este caso, Competencia basa su reivindicación en una interpretación de la ley de contratos del sector público (LCSP). «Frente a las alegaciones de las empresas de que esta infracción afecta a licitaciones privadas por lo que no correspondería imponer una prohibición de contratar, esta sala recuerda que la LCSP en ningún momento se refiere a que la prohibición de contratar por falseamiento de la competencia tenga que estar relacionada con la contratación pública», explica la institución en la resolución del caso.

¿Qué recorrido tendrán estas prohibiciones? Es difícil determinarlo por el momento. Sobre todo porque la última palabra sobre el veto a estas empresas la tendrá el Gobierno. Es la junta consultiva de contratación pública, dependiente de Hacienda, la que decide si prohíbe contratar a estas compañías. La ley dice que no podrán contratar con la Administración durante el tiempo que fije la sentencia firme. Si no se especificara en la misma, el periodo máximo sería de cinco años.

Desde el Ejecutivo se limitan a reconocer que el proceso para decidir si se aplican estas sanciones se mantiene abierto. De hecho, en los últimos meses, las empresas involucradas en el ya conocido como el cártel de Adif han seguido adjudicándose jugosos contratos de la Administración. Fuentes de Competencia se muestran pesimistas y advierten de que el procedimiento puede demorarse varios años.

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Esto se debe a que estas empresas deben ser sancionadas en firme. Y esta «condena» podría demorarse años, teniendo en cuenta que la mayoría de ellas interpondrán alegaciones contra los expedientes del «superregulador» de los mercados. Contra estas resoluciones no cabe recurso en vía administrativa, pero sí se puede interponer un contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional. Pese a que lo más probable es que el proceso se eternice, el mensaje de Competencia está claro. Y está calando en el ámbito empresarial. La propia resolución del expediente anunciado esta semana destaca que algunas empresas «han manifestado en sus alegaciones que en los procedimientos de licitaciones privadas es cada vez más habitual la exigencia de no estar inmerso en una prohibición de contratar con la Administración».

Fuentes del organismo explican a este periódico que volverá a reclamar en futuros expedientes que se expulse a los cárteles empresariales de las licitaciones. Y es que la institución se ha puesto como objetivo tener un papel más activo en el proceso sancionador. En primavera ya reclamó al Gobierno que le permitiera imponer multas más elevadas, después de sancionar con apenas 6.300 euros a Adif por inflar sus peajes.

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