La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional admite que el excomisario Villarejo, en prisión desde hace más de un año por la operación Tándem, podría borrar pruebas -soportes informáticos que aún están encriptados- a través de terceras personas. No sólo él, sino también otros investigados, que «conocedores de las claves se hayan valido de terceros para acceder a equipos informáticos remotos y borrar la información que coleccionen por perjudicial» para ellos. Añade, no obstante, que «podemos pensar que no ha ocurrido» y explica que «resulta obvio que haber encriptado el acceso a información telemática en un disco duro en equipo de lugar ignoto (…) constituye una medida de seguridad de los investigados presumiblemente de su actividad ilícita, reveladora de la magnitud de su importancia».
Por todo ello, estima solo parcialmente el recurso de la Fiscalía Anticorrupción a la pretensión del juez instructor, Diego de Egea, en el sentido de que se debía alzar el secreto de sumario en el caso Tándem, y ordena que se mantenga esa medida solo en lo que se refiere a la información que aún está encriptada.
La Fiscalía pidió a la Sala mantener el secreto sobre toda la pieza y, subsidiariamente, de la parte que aún no se ha podido desencriptar, ya que la gran mayoría de los archivos digitales incautados a Villarejo estaban codificados. Ahora, el tribunal acepta esa petición subsidiaria de Anticorrupción y decide levantar el secreto solo de lo que lo que ya se ha conseguido descodificar y que ha dado lugar a la apertura de varias piezas separadas dentro del caso Tándem, en el que se investiga las actividades de Villarejo.
Los fiscales del caso pedían que se mantuviera el secreto sobre lo encriptado para poder «prevenir una situación que pueda comprometer el resultado de la investigación»; y la Sala cree que, en efecto, hay que «distinguir entre la documentación analizada y diligencias personales practicadas, y las que estén pendientes de práctica y de análisis documental por la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía».
Para los magistrados «no es cuestionable» que las partes deben poder acceder al resto de documentos ya analizados por la Policía Nacional, tanto en papel como digital.
El tribunal destaca que descifrar los archivos precisará del apoyo del Instituto Nacional de Ciberseguridad o del Centro Criptológico Nacional del CNI, para que luego la Policía analice su contenido y remita informes a la Fiscalía. En vista de los cargos que ostentó Villarejo, también dice que, si aparece material sensible, se deberá expurgar y revisar.