Juzgan a un guardia civil por falsificar una orden de registro en un bar para quedarse con tabaco

Un agente de la Policía Judicial de la Guardia Civil se enfrenta a seis años y medio de cárcel por falsificar, junto a otro acusado, un mandamiento judicial de autorización de entrada y registro de un bar de la ciudad de Sevilla para hacerse con el tabaco de contrabando que pensaban que podía guardarse allí.

Ambos acusados procedieron a elaborar un documento que aparentaba ser un mandamiento judicial de autorización de entrada y registro de dicho bar, ubicado en el barrio de la Macarena, concedido por el Juzgado de Instrucción número diez de Sevilla. Dicho documento fue obtenido mediante reproducción fotomecánica realizada con tecnología láser, en el que procedieron a estampar un sello del Juzgado de lo Penal número doce de Sevilla, que había sido escaneado de uno original obtenido por el agente de una citación judicial que le llegó en calidad de testigo.

Igualmente estamparon la palabra «copia», para lo que utilizaron un sello usado en las dependencias de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe, todo ello con la intención de dotarlo con mayor apariencia de ser un documento oficial.

Falsos guardias civiles

Pero el plan no termina aquí. Valiéndose de su condición de agente, el 6 de mayo de 2016, el agente adquiere en un establecimiento de venta de uniformes dos chalecos reflectantes y dos carteras porta placas con el anagrama de la Guardia Civil.

Este material fue entregado a un tercer acusado, de 26 años, quien en mayo de 2016, junto con otro individuo no identificado, se dirigió al bar. Se identificaron como guardias civiles, exhibiendo las placas falsas con el fin de realizar el registro del local y hacerse con el tabaco de contrabando que pudieran encontrar. Pero no llegaron a culminar su propósito porque había muchos clientes y abandonaron el lugar.

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La Fiscalía pide seis años y medio de prisión para el agente por un deilto de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público y un delito de usurpación de funciones públicas. Los otros dos acusados se enfrentan a dos años de cárcel por uso de documento falso y por usurpación de funciones. Este miércoles serán juzgados en la Audiencia de Sevilla.

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