¡Es la hora del toreo! Alucinante desafío de un taurino díscolo a una Junta de Andalucía acobardada | Blog El toro, por los cuernos

Ni el mejor guionista de sainetes hubiera podido imaginar la sucesión de acontecimientos grotescos y ridículos que se han producido en el inicio frustrado de la temporada taurina en Sevilla. Habría que ser muy retorcido y agorero para vaticinar que la situación podría llegar a los extremos alcanzados entre el estupor, la sorpresa, la confusión e indefensión de los aficionados.

No habrá Feria de Abril en La Maestranza de Sevilla ni toros este domingo, fecha prevista para abrir las puertas de la plaza tras un año de cierre total.

El mundo taurino al completo tenía los ojos puestos junto al Guadalquivir, convencido de que el paseíllo sobre el amarillo albero era la señal inequívoca de que la tauromaquia estaba viva a pesar de todos los gravísimos achaques padecidos a causa de la pandemia.

Pero no ha podido ser; una vez más, la decepción hace acto de presencia y la fiesta de los toros recibe un duro golpe en su ya maltrecha y aún enfermiza situación actual.

¿Qué ha pasado? ¿Quién o quiénes son los responsables de que los aficionados no se vean las caras hoy domingo en los tendidos sevillanos? He aquí los protagonistas: un empresario díscolo que ha presentado un alucinante desafío a una Junta de Andalucía antitaurina y atenazada por el miedo y la cobardía.

El pasado 14 de marzo, en este mismo blog se enviaba una efusiva felicitación al empresario sevillano Ramón Valencia por haber tenido el arrojo necesario para sacar a los toros del coma y presentarlos en sociedad.

Pero también entonces se lanzaba dos preguntas cuyas respuestas aún permanecen sin respuesta: “¿Qué habrá sucedido para que la empresa Pagés haya tenido el valor de desafiar al virus y a la propia Junta de Andalucía al presentar unos carteles sin la seguridad absoluta de que se puedan celebrar? ¿Será, acaso, que el Gobierno autonómico le ha ofrecido fundadas esperanzas de que le permitirá vender el 50% del aforo, que el gestor considera condición inexcusable?”.

Otra vez, como es habitual en este críptico mundo de los toros, los actores se llevarán a la tumba la verdad de lo acaecido, y será la fiesta, como siempre, la que padezca en sus carnes las consecuencias de las acciones de otros.

Cuando el empresario presenta el pasado 12 de marzo una feria de altura es lógico pensar que cuenta con un as en la manga que le garantiza que los festejos se van a celebrar. Aquella mañana, hubo un detalle que no pasó desapercibido para nadie: estuvo presente el delegado de Gobernación de la Junta, y máximo responsable de los toros en Sevilla, Ricardo Sánchez, amante de la notoriedad fotográfica, y ayudó al empresario a descubrir el cartel del abono.

Así, con el supuesto beneplácito de la autoridad, Valencia pone en marcha una vistosa campaña publicitaria (“¡Es la hora del toreo! Nos vemos en Sevilla”), vende abonos y traslada a la sociedad la confianza de que cuenta con el permiso de la Junta de Andalucía para llevar adelante su loable propósito.

Pero, a tenor de las circunstancias, parece que no era así. Parece que la actuación de Ramón Valencia no era más que un brindis al sol y, llegado el caso, un pulso al Gobierno andaluz con el que pretendía lavar su imagen de empresario apocado ante el aficionado y la propia Real Maestranza, molestos por su pasividad manifiesta durante 2020.

Su atrevimiento ha acabado en un rotundo fracaso y deja en entredicho qué pretendió limpiar. Por cierto, Ramón Valencia no había alcanzado un acuerdo con Movistar TV para retransmitir los festejos, y la causa parece que reside en las altas pretensiones económicas del empresario, y la delegación de gobernación no había nombrado, como cada año, a los equipos presidenciales para la temporada. ¡Blanco y en botella!

Pero tampoco sale victoriosa la Junta de Andalucía.

El pasado 30 de marzo, el vicepresidente, Juan Marín, declara que será difícil que los festejos se puedan celebrar porque ese mismo día se publicaba en el BOE la ley 2/2021 de medidas urgentes de prevención del covid, donde se concretaba que en los espectáculos públicos habría que guardar un metro y medio de distancia entre los espectadores, con un aforo máximo del 50%, y que, si ello no fuera posible, adoptar las medidas necesarias para prevenir el riesgo de contagio.

En parecidos términos se manifestaban días después el propio presidente, Juan Manuel Moreno, y los consejeros de Sanidad y Presidencia.

Pero a medida que pasaban las horas se extendía la impresión de que los políticos andaluces pretendían trasladar al Ejecutivo central la responsabilidad de que no hubiera toros y evitar así el pago de una probable factura electoral.

A día de hoy, ningún experto jurídico conocido ha sido capaz de aclarar el lenguaje indescifrable del artículo 2 de la citada ley, que habla del ámbito de aplicación de la misma. Prueba de ello es que la Comunidad de Castilla-La Mancha permite un 75% del aforo de las plazas, y Extremadura, el 50%.

Pero hay más: es un decreto de la Junta de Andalucía de 29 de octubre de 2020 el que dictamina concretamente que en los espectáculos taurinos se deberá guardar la distancia del metro y medio con un aforo máximo del 50% en fase 2.

Es decir, no había necesidad de recurrir a la muy confusa ley nacional para mantener la prohibición de que se celebren toros en Sevilla en las condiciones exigidas por el empresario: un 50% del aforo sin la distancia del metro y medio. La diferencia es sustancial: 5.000 en el supuesto empresarial y en torno a las 1.500 de acuerdo con la normativa oficial.

Y así han ido pasando los días entre la incertidumbre y el desconcierto. El empresario, en una vertiginosa huida hacia adelante, y la Junta, temblorosa, acobardada y empeñada en sacudirse la responsabilidad que le es propia.

Es verdad que el empresario se precipitó al presentar unos carteles y poner a la venta abonos y entradas sin la seguridad de que se pudieran celebrar.

Pero, por qué tanta exigencia y severidad de la Junta con los toros, que se celebran en espacios abiertos, y tanta generosidad con otros espectáculos culturales. ¿Por qué?

¿Cómo se explica, por ejemplo, que el actor y humorista Dani Rovira grabara el 14 de noviembre pasado en el teatro Soho de Málaga un monólogo para Netflix con el patio de butacas a rebosar como reflejan las imágenes? ¿Cómo que los teatros sevillanos Lope de Vega, Central y Maestranza, de titularidad pública, hayan continuado su programación con el 50% del aforo y sin guardar el famoso metro y medio?

¿Por qué la Junta de Andalucía, tan taurina ella, ha sido tan puntillosa con los espectáculos taurinos, en los que —recuérdese— no se ha producido ningún brote del virus, y tan permisiva con otras industrias culturales?

El complejo, otra vez el maldito complejo de los políticos sobre la tauromaquia.

Y, encima, esa cobardía manifiesta de trasladar la responsabilidad a Madrid para eludir toda culpa; y así, la Junta ha mareado la perdiz día tras día, en silencio, temblorosa como un pajarillo aterido, incapaz de coger el toro por los cuernos y aceptar las consecuencias de su gestión, que es lo que se espera de un político honesto.

Al final, es el abonado y el aficionado quienes pagan los platos rotos de una nefasta gestión del empresario y la Junta; más de uno, harto de molestias, habrá jurado en arameo que ya no le toman más el pelo.

Y todavía nos seguiremos preguntando por qué los toros están en crisis…

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