El secesionismo intensifica el pulso a las instituciones democráticas

De la «dimensión desconocida», de 2013, a «que el Estado no cante victoria tan rápido», de 2018. Son palabras de Artur Mas. El independentismo catalán empieza a dar muestras de recomposición estratégica para volver a poner en marcha un proceso de secesión. Está por ver la intensidad y la capacidad de coordinación entre los distintos partidos políticos, entidades civiles, satélites mediáticos y estrategas pero de momento todos tienen claro que hay que tensionar los ámbitos institucionales en los que el nacionalismo catalán está presente, incluido, también, el Poder Judicial. Con esta idea, la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, adelantó ayer que el gobierno catalán presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue si el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo, cometieron algún tipo de delito con la reciente sentencia que afecta al pago de un impuesto hipotecario. Artadi aseguró que el martes -en la reunión semanal del gobierno autonómico- se concretará el detalle de la denuncia y la idea es que ese mismo día se presente el escrito ante la Fiscalía; curiosamente, una institución -la Fiscalía- compuesta por profesionales del derecho que hace solo tres días fueron calificados como «verdugos» por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por sus escritos de acusación en el juicio del 1-O en el Tribunal Supremo. Esta decisión de la Generalitat se suma a la batería de iniciativas y provocaciones verbales que el independentismo ha puesto en marcha solo en los últimos días. Sin salir del plano judicial, la noche del jueves al viernes, Pere Aragonès (ERC), vicepresidente autonómico y consejero de Economía y Hacienda, llamó directamente «delincuentes» a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que participaron en el cumplimiento de la orden judicial para evitar el 1-O. Aragonès calificó así a los agentes después de hacer mención a un auto de la Audiencia Provincial de Barcelona que cuestiona el operativo de la Guardia Civil llevado acabo aquel día en un pueblo y sugiere que los jefes de la Benemérita debían haber dejado votar a los que acudieron a participar en el referéndum ilegal. «Los delincuentes del 1 de octubre son los que iban vestidos de verde o los que iban vestidos de azul marino y que entraron con porras en los colegios electorales», dijo Aragonès. Otro desafío. El PDECat registró el jueves, en el Congreso de los Diputados, una proposición no de ley para que la Cámara Baja censure a Felipe VI por su posición en los días posteriores a la celebración del referéndum ilegal y su discurso del 3 de octubre, emitido por televisión, en el que defendió el orden constitucional. Además, en el texto se incluye la petición de abolición de la Monarquía al considerarla «caduca» y «antidemocrática». Que la proposición no de ley llegue al pleno depende, ahora, de la Mesa del Congreso, que debe admitirla a trámite valorando su legalidad. Tampoco pasa desapercibida la acción exterior de la Generalitat. Ernest Maragall (ERC), consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, ratificó ayer que pondrá en marcha seis nuevas delegaciones en el extranjero, incluso con la opinión en contra del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que en un informe señala que estas embajdas catalanas se pueden utilizar «para apoyar fines manifiestamente contrarios a los principios y objetivos de la política exterior de España». Para el consejero Maragall, el informe del departamento de Josep Borrell (PSOE) es un «panfleto» con una «obsesión enfermiza».

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