El ponente de Gürtel maniobra para «colarse» en el CGPJ por el cupo de juristas

El magistrado José Ricardo de Prada, ponente de la sentencia de Gürtel que propició la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, intenta «in extremis» hacerse un hueco entre los vocales que aspiran a formar parte del próximo Consejo General del Poder Judicial. Como avanzó ayer ABC, Ejecutivo y PPultiman ya la renovación del órgano de gobierno de los jueces y el lunes termina el plazo (ya improrrogable) para que socialistas y populares presenten sus respectivos candidatos por el cupo de juristas. El pacto entre ambos consiste en el reparto de los veinte vocales y una presidencia consensuada. Doce de estos vocales son jueces preseleccionados por la carrera judicial y los otros ocho son juristas.

Es en este último grupo –en el que PSOE y PP propondrán cada uno cuatro vocales y tres suplentes– en el que el que De Prada, juez del entorno de Baltasar Garzón y de la ministra Delgado, aspira a estar. Ya intentó formar parte de la lista del medio centenar de jueces que presentaron su candidatura a vocal este verano, bien avalados por una asociación judicial, bien por sus propios compañeros. Sin embargo, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial vetó esta posibilidad en septiembre, al negarle su reingreso al servicio activo, circunstancia imprescindible para ser designado en el cupo de jueces.

El Poder Judicial alegó entonces que De Prada no había aportado la documentación que se le había requerido relativa a su cese en el cargo por el que, tras dictar la sentencia de Gürtel, quedó en situación de servicios especiales –el de magistrado del Mecanismo Residual ante los tribunales internacionales de Naciones Unidas–.

La Comisión Permanente basaba su decisión en el informe emitido por los órganos técnicos del CGPJ, según el cual cuando un magistrado cese en un puesto o cargo determinante de la situación de servicios especiales, debe solicitar el reingreso al servicio activo.

Fuera del servicio activo

Cerrada esta puerta, detrás de la que el propio De Prada denunció una «sanción encubierta» por parte del CGPJ por su «extralimitación» en la sentencia de Gürtel, la única posibilidad que le quedaba a De Prada para optar al CGPJera hacerlo a través del cupo de juristas. Su candidatura estaría amparada ahora por el artículo 765 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). «Podrán ser elegidos por el turno de juristas aquellos jueces o magistrados que no se encuentren en servicio activo en la carrera judicial y que cuenten con más de quince años de experiencia profesional, teniendo en cuenta para ello tanto la antigüedad en la carrera judicial como los años de experiencia en otras profesiones jurídicas (…)».

Pero una cosa es la teoría y otra la práctica, y la realidad es que el hecho de que el PSOEproponga a De Prada este lunes entre su media decena de juristas dependerá fundamentalmente de la autonomía con la que cuente la ministra Dolores Delgado –quien negocia la renovación del Consejo con su antecesor, Rafael Catalá– para proponer a los candidatos que ella considere oportunos. Eso también se verá con los candidatos que finalmente presente el PP en el cupo de jueces, en el que Delgado quiere contar con el juez de la Audiencia Nacional y amigo Fernando Andreu pero no es ella quien tiene la última palabra.

Muestra de su estrecha relación de la ministra con el juez De Prada es el hecho de que haya contado con él como miembro de un consejo asesor para la recuperación de la jurisdicción universal. Todos los miembros de este equipo son próximos a Garzón: Manuel Ollé, Manuel Miguel Vergara –asesor de la Fundación Internacional Baltasar Garzón– y Hernán Hormazábal.

De Prada ha estado en muchas ocasiones en el centro de la polémica, como cuando dijo que en España la tortura a miembros de ETA ha sido «clara», justificó el «chivatazo» del caso Faisán o más recientemente no se opuso a la excarcelación de los «Jordis» contra el criterio de sus cuatro compañeros.

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