El Gobierno vuelve a «exhumar» a Franco este viernes

En el próximo Consejo de Ministros el Gobierno dará uno de los últimos pasos en la exhumación de Franco. Otra vez. Pero la imagen de los restos del dictador saliendo del lugar donde se ubicaron tras su fallecimiento hace más de 40 años podría no estar tan cerca por varios motivos.

El Gobierno confirmó ayer que «este viernes concluye la tramitación del expediente administrativo». Será el día en que se aprobará el Acuerdo Motivado que contemplaba el Real Decreto aprobado el pasado agosto y en el que el Gobierno debe plantear «si procede la exhumación y el traslado, con indicación, en su caso, del destino que vaya a darse a los restos mortales afectados». Pero su criterio favorable del Ejecutivo respecto a la exhumación encuentra un importante impedimento, y es el enfrentamiento que está teniendo durante todo el proceso con la familia Franco.

Y es que como especificaba el Gobierno en el procedimiento del Real Decreto en este Acuerdo debe especificarse el destino de los restos. Pero ese punto es imposible a día de hoy, por la falta de acuerdo con la familia. Y es por eso por lo que fuentes de la vicepresidencia del Gobierno aseguran que «lo previsible» es dar un plazo adicional a la familia «para que decidan un lugar en el que proceder a la inhumación, pero que no sea la Almudena», apuntan estas mismas fuentes.

Será un tercer periodo de alegaciones que vendría a durar probablemente otros 15 días. Desde el Gobierno justifican este nuevo plazo porque tienen la vocación de que «todo el proceso sea garantista». Pero desde hace mucho el Gobierno sabe que el acuerdo con la familia es imposible.

El Ejecutivo abre este nuevo plazo para que la familia pueda expresarse y para guardarse las espaldas. Porque contempla desde hace tiempo que, al no contar con el beneplácito de la familia, este proceso terminará en los tribunales. Este nuevo plazo no estaba previsto a priori, ya que un segundo periodo de alegaciones concluyó el 22 de enero y en él la familia cuestionó el procedimiento. Un escrito en el que carga también contra la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que ya han dado el visto bueno al procedimiento. Ya en su primer escrito de alegaciones la familia se oponía a la exhumación, pero fue entonces cuando sorprendió al Gobierno asegurando que de producirse la exhumación debía inhumarse en la cripta familiar de la capilla adyacente a la catedral de la Almudena. En pleno centro de Madrid.

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Una posibilidad que cogió al Gobierno con el pie cambiado y que titubeó en su respuesta. Finalmente se rechazó esa posibilidad aduciendo un informe elaborado por la Delegación del Gobierno en Madrid que alegaba motivos de seguridad y orden público para rechazar allí la inhumación. Si la familia vuelve a insistir en este emplazamiento, el Gobierno tendría que determinar por su cuenta el destino final de los restos, lo que conduciría a ciencia cierta a un conflicto en los tribunales, ante los previsibles recursos de la familia y de la Fundación Franco.

La decisión final del Ejecutivo será en cualquier caso recurrible ante la Sala Civil del Supremo, que tendrá la última palabra. El Alto Tribunal dejó claro el pasado diciembre que la exhumación no puede llevarse a cabo sin escuchar a la familia del dictador a través de los recursos legales oportunos. El Supremo podrá adoptar medidas cautelares en un primer momento (como la suspensión del plan socialista) y, después, adentrarse en el fondo del asunto y resolver si la operación es o no legal.

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