El fiscal mantiene la petición de 36 años de cárcel para los tres acusados por el crimen del gestor

El fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones en las que pide 36 años de cárcel para los tres acusados por el crimen del gestor de Rochelambert: Félix A. P., Manuel B. V. y Manuel A. P. El juicio con tribunal popular que se está celebrando en la Audiencia Provincial concluirá la semana próxima con la lectura de los informes finales. Será entonces cuando los miembros del jurado, tras recibir el objeto del veredicto, se sienten a deliberar.

La última sesión se ha retrasado este viernes varias horas debido a que no había llegado la notificación a la cárcel de Morón de la Frontera, donde se encuentran en prisión preventiva dos de los tres acusados, para trasladarlos al edificio judicial; por lo que pese a estar previsto que arrancara a las 10.00 horas, ha comenzado pasadas las 13.00 horas.

Tras la breve declaración del último testigo, el policía que llegó primero al lugar en el que hallaron el coche quemado con el cadáver de la víctima en el maletero, las partes han expuesto sus conclusiones finales. Tanto el fiscal como la acusación particular, que ejerce la familia de la víctima, han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales en las que consideran a los tres procesados autores de los delitos de detención ilegal, asesinato, daños (por la quema del coche), robo (de dos móviles y una tarjeta de crédito de la víctima con la que intentaron sacar dinero) y en el caso de la acusación particular añade profanación de cadáver.

El Ministerio Público mantiene la petición de 36 años de prisión; mientras que la abogada de la familia de Joaquín Gómez la eleva a los 39 años y cinco meses.

Un homicidio imprudente

La defensa del principal acusado Félix A.P., que ejerce la abogada Ofelia Liñán, ha modificado sus conclusiones a raíz de la confesión de su cliente en el juicio. Así, admite un delito de daños y otro de homicidio imprudente o, de forma alternativa, con dolo eventual, con la eximente incompleta de drogadicción y la atenuante de arrebato, pidiendo la pena mínima estipulada para cada delito.

Por su parte, la defensa del acusado Manuel B.V. ha solicitado la libre absolución al mantener que su cliente salió del lugar de los hechos cuando la víctima estaba viva y no estaba ni maniatada ni inconsciente. Y que al regresar ya estaba muerta. Dice que movió el cadáver porque se lo pidió Félix A. P.; lo que explicaría que tuviera restos de sangre del difunto en su camisa.

Su abogado, Agustín de la Cruz, sólo considera que puede imputársele un delito de omisión del deber de socorro.

Por último, el letrado de Manuel A.P. ha elevado a definitivas sus conclusiones iniciales en las que solicita la libre absolución al haber quedado probado a su juicio que su cliente solo estuvo ese día en la casa de manera «circunstancial» durante la tarde para consumir droga y no en el momento del crimen.

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