El error de forzar a la Justicia

La confusi√≥n vivida en las √ļltimas semanas con la Sala Tercera del Tribunal Supremo a cuenta de su resoluci√≥n sobre las hipotecas, y del desprestigio p√ļblico y notorio que est√° afectando de manera irreversible al Alto Tribunal, est√°n empezando a tener consecuencias sobrevenidas. De manera abrupta y carente de sentido, el independentismo, con un discurso que ya comparten tanto la izquierda populista como el Gobierno, pretende extender deliberadamente la mancha de una supuesta falta de legitimaci√≥n sobre todo el Tribunal Supremo. Especialmente, sobre la Sala de lo Penal, ajena por completo a las contradicciones conocidas de la Sala de lo Contencioso y su doctrina hipotecaria, y encargada de juzgar en los pr√≥ximos meses a los procesados por rebeli√≥n en Catalu√Īa. Se trata de divulgar la idea de que una supuesta inhabilitaci√≥n moral de los magistrados de lo Contencioso, por falta de imparcialidad y credibilidad, debe hacerse extensiva a los magistrados de lo Penal, de modo que a los ojos de la opini√≥n p√ļblica el Supremo no ser√≠a sino un √≥rgano pol√≠tico controlado por la derecha judicial, incapaz de dictar una sentencia justa sobre los l√≠deres separatistas. Al Gobierno no le interesaba en absoluto un fallo judicial que obligase a la banca, y a las Haciendas auton√≥micas, a sufragar el coste retroactivo del ya famoso impuesto hipotecario. Sin embargo, s√≠ le conviene aprovechar la estela de la desoladora imagen que ha ofrecido la Sala Tercera para promover un efecto contagio dibujado con brocha gorda, e inter√©s pol√≠tico, que afecte tambi√©n al proceso penal sobre el conflicto de Catalu√Īa. Al Gobierno no le han bastado sus presiones y coacciones en p√ļblico a la Sala Penal. Tampoco le ha bastado con forzar y desvirtuar una acusaci√≥n como la de la Abogac√≠a del Estado, acotando a un delito de sedici√≥n lo que para la Fiscal√≠a configura un delito de rebeli√≥n. Incluso, a Moncloa no le ha bastado con exponer la opini√≥n de varios ministros contra la prisi√≥n provisional de los acusados que van a ser juzgados. El Gobierno ten√≠a que poner en cuesti√≥n adem√°s la credibilidad p√ļblica de todo el Supremo, extendiendo de forma gen√©rica y sin m√°s fundamento que el r√©dito pol√≠tico, la sombra de sospecha sobre un Tribunal dividido y carente de imparcialidad en todas y cada una de sus cinco Salas. Todo en un mismo saco. Todo, en un totum revolutum que permita justificar una urgente renovaci√≥n del Consejo General del Poder Judicial y, por ende, el inmediato relevo de Carlos Lesmes de la presidencia del Tribunal Supremo en diciembre. En todo Gobierno hay un ardor mesi√°nico que justifica la tentaci√≥n de poner orden en una Justicia indolente, contradictoria y generadora de incertidumbre en la opini√≥n p√ļblica. Esa tentaci√≥n del Ejecutivo por controlar al Poder Judicial es evidente, y si una decisi√≥n judicial conflictiva y demoledora para la imagen del Tribunal facilita la oportunidad de un Gobierno para intentarlo, el argumento est√° construido. Y si aun as√≠ no fuera posible, la t√°ctica es sencilla: denostar al poder judicial y arrastrar su imagen por el barro hasta sustituir a su c√ļpula institucional por la v√≠a de los hechos consumados. Es lo que ha intentado Pedro S√°nchez con su decreto hipotecario, con el sibilino a√Īadido de extender el desprestigio hasta todo el Tribunal. As√≠, el Gobierno aparece como remedio necesario y promotor de una soluci√≥n realista frente a un poder judicial inerme, dividido, y envuelto en luchas intestinas, ideol√≥gicas y de egos que conviene erradicar. De este modo se transmite a la opini√≥n p√ļblica la idea de que la legitimidad real sobre cualquier estructura del Estado corresponde al poder ejecutivo, en este caso frente a un poder judicial incapaz y debilitado al que se castiga por no ser independiente. Ese ha sido el error de la Sala Tercera y el aparente √©xito pol√≠tico de la maniobra de S√°nchez. El riesgo, no obstante, es infravalorar la capacidad del estamento judicial, sea renovado o no, por reivindicar su autonom√≠a y poder real. La Sala Penal no es la Sala de lo Contencioso, y el Supremo no es una instituci√≥n inservible. Ser√≠a ingenuo que el Gobierno infravalorase la separaci√≥n de poderes, forzase las costuras de nuestro sistema judicial, y convirtiese a la ¬ęsala hipotecaria¬Ľ en paradigma de lo que ocurre en otras Salas. No es as√≠ en absoluto.

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