El Consejo de Estado rinde cuentas | España

El Consejo de Estado ha acogido este viernes la primera rueda de prensa que ofrecen sus responsables en sus cinco siglos de historia. El órgano consultivo del Gobierno ha convocado por primera vez a los medios de comunicación con la excusa de presentar la memoria de la institución del año 2018 y esa cita se ha convertido en la noticia. “Un hito”, en palabras de la presidenta del Consejo, María Teresa Fernández de la Vega, con el que esta institución pretende dejar atrás la opacidad que la ha rodeado hasta ahora y “abrir las puertas” a los medios y a los ciudadanos.

La sensación generalizada del Consejo de Estado es que de puertas hacia afuera se le percibe como un órgano de funciones difusas y un tanto arcaico. Y que la responsable de esta impresión es la propia institución, que desde que fue fundada por Carlos V en 1552 se ha aislado del exterior como forma de blindar su independencia. “Queremos que se conozca lo que hacemos”, ha afirmado De la Vega, que ha reivindicado el papel de la institución como “torre vigía” para velar por el buen funcionamiento de los servicios públicos.

El Consejo ha incorporado por primera vez con una directora de comunicación y pretende “modernizarse”, según De la Vega, actualizando su página web y estando presente en redes sociales. La memoria anual se hace cada año por ley, pero nunca hasta ahora se había presentado en público. “Se trata de rendir cuentas, cumplir la exigencia del principio de transparencia”, ha advertido el exministro Fernando Ledesma, que presidió la institución y ahora es consejero permanente. “Que los medios vean para qué sirve el Consejo de Estado, en qué ambiente se trabaja, cómo se hace los dictámenes, quién los puede o los debe solicitar, cuánto le cuesta a los Presupuestos Generales del Estado”. Lo que cuesta, según los datos de la institución, son 11.388.000 euros.

El reto ahora pasa por compatibilizar el propósito de transparencia con la “serenidad” de la que los consejeros no están dispuestos a prescindir. “En el Consejo de Estado se dialoga, se debate y se persuade con argumentos. El ruido, el disparate y la tensión no tienen cabida en estas paredes”, ha señalado De le Vega. El celo que ha puesto hasta ahora el Consejo de Estado en mantenerse alejado del foco ha sido especialmente perceptible en momentos en los que todos los ojos estaban puestos en él, como ha ocurrido en los últimos años con algunos de los dictámenes emitidos a petición del Gobierno antes de recurrir al Tribunal Constitucional resoluciones del Parlament de Cataluña. La presidenta ha defendido que el compromiso de transparencia es real, pero tiene límites: la Ley Orgánica del Consejo de Estado impide informar de sus deliberaciones antes de que la institución que haya solicitado su opinión las reciba y decida cómo actúa.

Varios de esos dictámenes forman parte de la memoria de 2018, entre ellos aquel de octubre de 2018 en el que desaconsejó al Gobierno impugnar en el Constitucional una resolución del Parlament en la que se reprobaba al rey Felipe VI. El Ejecutivo desoyó a su órgano asesor, llevó al tribunal el acuerdo de la Cámara catalana y el Constitucional le dio la razón. De la Vega y Ledesma han restado importancia a estas discrepancias. “Aquí leímos la sentencia y en dictámenes posteriores sobre el mismo tema aplicamos esa doctrina y así lo seguiremos haciendo”, ha afirmado el consejero. Fue uno de los pocos casos en los que el órgano solicitante (en este caso el Gobierno) se desmarcó de la línea trazada por el órgano asesor: en 2018, el Consejo de Estado aprobó 1.030 dictámenes, tras los que el organismo ha constatado que se produjeron 824 resoluciones de los organismos que plantearon la consulta. En el 99% de ellas, según los datos de la memoria, se siguió el criterio del Consejo de Estado.

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