Doce municipios andaluces, denunciados por la fiscalía por vertidos sin control | España

“Yo no bajaba a la playa porque te bañabas y te notabas pringoso, como si te bañaras en agua con azúcar. En pleno verano una lengua amarilla atravesaba la playa entera hasta el espigón”. Juan Diego Alvarado recuerda cómo hasta hace tres años sumergirse en la playa urbana de Barbate (Cádiz) implicaba un riesgo peculiar al nadar con el colector municipal a escasos metros y sin bacterias que eliminaran la materia orgánica en la depuradora. Hoy eso ya no ocurre porque en verano las aguas residuales se vierten por una tubería que se adentra en el mar 200 metros en otra playa alejada tres kilómetros del casco urbano.

Sin embargo, la depuradora de este municipio costero de 22.500 habitantes y que también trata las aguas de Zahara de los Atunes sigue sin cumplir la ley. La nueva que construirá el Gobierno será en 2022 la última en arrancar de las nueve proyectadas para cumplir la directiva europea de 2001 y zanjar la millonaria multa impuesta al Estado por la UE esta semana. Cuatro años de espera “si los plazos previstos se cumplen esta vez”, repiten los vecinos incrédulos.

En 2011 la Junta andaluza prohibió el baño en la playa urbana del Carmen por “la alta presencia de bacterias coliformes fecales”. Y en 2017 la Guardia Civil, a petición de una juez, fue tajante: “Durante 28 años la planta ha estado vertiendo con la apariencia de estación depuradora, si bien nunca ha cumplido los requisitos legales y siempre excediendo los parámetros de control en los vertidos”. El Instituto Nacional de Toxicología remachó: “El vertido de la depuradora puede suponer un riesgo para la salud de las personas”.

Los vecinos y sucesivos alcaldes se han quejado durante años por esta clamorosa situación y los Gobiernos del PP y del PSOE han mirado para otro lado. “La triste guasa es que pagamos la depuradora desde hace años con el canon”, apunta Eni Nyblad, alemana afincada en Barbate desde hace tres décadas, que recuerda cómo los vecinos ya pagan una tasa cada mes para la construcción de la nueva planta depuradora. “La playa del Retín [que ahora soporta el colector] estaba cristalina, ya no lo está”, añade. Eso ocurre durante el estío por un permiso especial de la Junta, el resto del año el colector vierte el agua residual al río Barbate, que muere junto al casco histórico del pueblo, con los consiguientes hedores y tonos oscuros que resaltan a su encuentro con el mar.

“Es increíble tantos años de pasividad y las Administraciones se han tirado la pelota unas a otras”, se lamenta el alcalde, Miguel Molina. El Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado un plan de choque para paliar los retrasos en las obras. De las siete que han provocado la multa de la UE, tres —Barbate, Matalascañas y Nerja— corresponden al Gobierno, que invertirá unos 11 millones en la planta gaditana. Las otras cuatro en Coín, Isla Cristina, Tarifa y Alahurín el Grande —está última prevista para 2021— debe acometerlas la Junta andaluza. Sobre Barbate, el Ejecutivo autonómico sostiene que remitió el proyecto al Ministerio en 2012 y ese año los recortes cerraron el grifo del dinero. Hasta hoy.

Para cumplir la ley, la nueva depuradora debe incluir un tratamiento biológico denominado secundario que incluya bacterias que se coman la materia orgánica. Hoy el tratamiento primario es un proceso físico y químico que asume 2.500 metros cúbicos de aguas al día —duplicado en verano— en el que tras retirar los sólidos (toallitas, restos de obras, bastoncillos), se crean corrientes para favorecer la decantación de las arenas, se apartan las grasas y mediante un proceso químico se agrandan los grumos de materia disuelta para convertirlos en un fango espeso extraído tras la decantación. “Como la legislación cambió justo cuando entró en funcionamiento la planta, siempre ha tenido licencia provisional porque no le podían dar la definitiva. Y el año pasado la Junta se la retiró y multó al Ayuntamiento con 12.000 euros”, dice con sorna Delfín Moreno, de Aqualia, empresa que gestiona la depuradora.

Hace cinco años el Ayuntamiento retiró la licencia de explotación a otra empresa para lograr una “calidad excelente de agua en la playa que hoy ya tenemos”, precisa Moreno. En contra de la gestión de Aqualia se pronuncia la Plataforma ciudadana por la gestión pública del agua en Barbate. “El recibo ha subido un 75% de media y la depuradora actual es una estafa porque no hay ni una sola analítica que cumpla los parámetros”, critica su portavoz, Manuel Soler.

Ante la deficiente depuración de aguas que perjudica el turismo, la asociación de comerciantes Acoza en Zahara de los Atunes, denunció en 2016 al alcalde, la exedil de medio ambiente y sus antecesores respectivos y hoy permanecen imputados en una instrucción a paso lento. “La juez llevaba sin proveer pruebas más de un año”, censura el abogado de los comerciantes, José Baltasar Plaza, sobre la instructora, Ángeles Subias. Esta investigación abierta es la razón que ha evitado que la Fiscalía de Cádiz denunciara al equipo de gobierno del extinto Partido Andalucista.

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