«De haberme operado de los dos ojos con la misma técnica, hoy estaría ciega»

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Dos de los siete afectados de ceguera en Castilla y León tras ser tratados en el Hospital Río Hortega de Valladolid con el Ala Octa, un producto retirado en junio de 2015 por la Agencia Española del Medicamento tras descubrir que se encontraba contaminado, reclamaron este jueves que se haga justicia con sus casos y que, al menos, se compense económicamente el daño «irreversible» sufrido y que ha cambiado «radicalmente» sus vidas.

Es la llamada que ambos afectados, Amaya Gil Sendino y Rafael Martínez, de 41 y 47 años, respectivamente, realizaron minutos antes del juicio por estos hechos iniciado en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, donde sus letrados pidieron más de 200.000 euros para cada uno de ellos que habrían de afrontar el Sacyl, el fabricante alemán Alimedics, la distribuidora WM Bloss de Cataluña y la aseguradora Mapfre, informa Ep.

El proceso en el TSJCyL llega tras un lustro de reclamaciones de los afectados por el uso de Ala Octa, que en distintas partes de España ya ha llevado sentencias condenatorias, como la que impuso 25.000 euros al Servicio Cántabro de Salud o la que otorgó 307.000 a otro paciente que fue operado en un centro privado de Córdoba.

En el caso de estos dos vallisoletanos, la pesadilla no les abandona desde que fueron operados en el Hospital Río Hortega, Amaya Gil Sendino en septiembre de 2014 y Rafael Martínez en 2015, sin que, lógicamente, sospecharan de que el producto, utilizado para pegar la retina y con éxito desde hace más de dos décadas en todo el mundo, pudiera ocasionarle daños irreversibles por estar contaminado de origen en su proceso de fabricación. «De haberme operado de los dos con la misma técnica, hoy estaría ciega», asevera con alivio la afectada.

Amaya exculpa de lo ocurrido al especialista que le operó, «ya que no es una negligencia médica porque el experto operó con lo que tenía a su disposición», pero sí exige justicia y una compensación económica porque «el daño ya está hecho». En este sentido, hizo un llamamiento a la Consejería de Sanidad y resto de partes codemandadas. «¡No somos números, somos personas que están sufriendo mucho y a las que nos ha cambiado la vida de forma radical!». Rafael, por su parte, pide también justicia y, sobre todo, «que acabe todo, pasar página», algo que, como así advierte con cierto enojo, «podría haber ocurrido hace ya mucho tiempo si tuvieran un poco de empatía».

Acuerdo con los afectados

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Este es uno más de los procesos judiciales abiertos en España relacionados con el uso del producto, del que se contabilizan más de 75 posibles casos siete en Castilla y León, dos de los cuales ya se han resuelto al llegar a un acuerdo entre los afectados y el Sacyl, después de que la Agencia Española del Medicamento certificara el uso de Ala Octa en sendas intervenciones.

Sin embargo, en el resto de casos, como los dos citados y un tercero que llegará a los tribunales en noviembre, ni la Agencia Española del Medicamento ni Sacyl reconocen el uso clínico de este fármaco. Al parecer, no estarían contabilizados sus expedientes porque no se remitieron desde el hospital, ya que en los planes de trazabilidad del Río Hortega no aparecen las etiquetas que lo certifiquen, informa Efe.

Para dar explicaciones sobre el uso de este producto estaban citados a declarar ayer los dos cirujanos que practicaron la intervención, pero en el momento de ser llamados a declarar, no se presentaron en la sala. Así, a pesar de que se celebró la primera sesión del juicio, no será hasta el mes de noviembre cuando continúen las declaraciones de este proceso.

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