Crimen y palabra

Casi al mismo tiempo, la presidencia del Gobierno y el grupo parlamentario de Unidas Podemos han anunciado iniciativas legislativas que afectan a los delitos que criminalizan determinados actos de comunicación. Ambos pretenden recortar el alcance de estas infracciones, aunque parecen proponer vías diferentes: por un lado, el Gobierno, sin concretar una propuesta legislativa articulada, anuncia que impulsará una reforma respecto de los “excesos” en el ejercicio de la libertad de expresión, restringiendo “claramente” la reacción del sistema penal a casos en los que hay una creación de un “riesgo para el orden público” o “la provocación de algún tipo de conducta violenta”, y ello con penas que no sean privativas de libertad. Además, la posición del gobierno es que aquellas manifestaciones que sean vertidas “en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales” permanezcan “al margen del castigo penal”. Afirma que el “derecho penal ni es la herramienta más útil, ni es necesaria, ni es desde luego proporcionada para responder a comportamientos que, aun pudiendo rozar la ilicitud, su castigo penal supondría un desaliento para la libertad de expresión, tal y como han declarado el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Unión Europea y la mayor parte de la doctrina española”. Por su parte, Unidas Podemos ha presentado ya una proposición de ley mediante la cual se pretende derogar varias figuras delictivas en este ámbito: la de injurias a la Corona y a diversos colectivos que representan al Estado; el delito de ofensa de los sentimientos religiosos mediante escarnio de las creencias de tal índole; la figura de los ultrajes a España; y, finalmente, el delito de exaltación del terrorismo o humillación a sus víctimas. En opinión de los proponentes, en España “se están utilizando tipos penales totalmente obsoletos, no ajustados a la Constitución Española e impropios de una democracia desarrollada. Así, estaríamos hablando de delitos que chocan frontalmente con la libertad de expresión desde su propio enunciado y que procede derogar”.

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