Contener daños

Juan Carlos I, rey de España entre 1975 y 2014, ha anunciado esta semana un pago a Hacienda por valor de 678.000 euros para regularizar su situación fiscal en relación con una de las investigaciones que le afectan y tratar de evitar así ser sometido a un proceso judicial. Se trata de un episodio con importantes repercusiones. El pago busca saldar una deuda tributaria por el uso de fondos de procedencia opaca no declarados debidamente y constituye por tanto el reconocimiento de una actitud reprobable por parte del rey emérito. El comportamiento incorrecto es una responsabilidad individual. Es cierto, como dice el presidente Sánchez, que se juzgan personas y no instituciones. Pero sería un error obviar las consecuencias sistémicas que tiene esta cuestión. Yerran quienes intentan relativizar el asunto y pretenden esperar a que el temporal amaine; yerran mucho —o algo peor— quienes, aprovechando las conductas reprobables del rey emérito, buscan reventar el pacto constitucional que tanto progreso ha permitido a España, en una aventura política peligrosa. Es preciso reconocer sin ambages la seriedad y los riesgos de una crisis que nubla el horizonte; y considerar lo necesario para contenerla.

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