Cómo ser picador o banderillero y no morir en el intento de convencer a Trabajo | Blog El toro, por los cuernos

-¿Presentará la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros de España (UNPBE) una querella judicial por presunta prevaricación contra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz?

– “De momento, solo se ha presentado una contra el director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de Sevilla, que es la provincia en la que se ha denegado un mayor número de solicitudes; pero nuestra intención es continuar este procedimiento con otras direcciones provinciales. Las resoluciones no las firma la ministra, pero en fase probatoria se les preguntará a los querellados si han recibido instrucciones de sus superiores, y, si se demuestra que ha habido una determinación política para transgredir la ley, nos querellaremos contra la ministra”.

Responden David Prados y Antonio José Martínez, presidente y asesor jurídico, respectivamente, de la UNPBE. Ambos cuentan una historia inverosímil, asombrosa, difícilmente creíble, salpicada de tintes cómicos, pero dramáticamente real, de las relaciones del mundo del toro con los ministerios de Cultura y, especialmente, con Trabajo.

Los dos están convencidos de que existe una decisión política de ignorar, maltratar, marginar y discriminar al mundo del toro por parte de Yolanda Díaz, responsable de Trabajo. Los dos están, además, agradecidos al titular de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, por su positiva disposición ante las demandas del sector, pero también le reprochan que se ‘lave las manos’ ante la “indignante” actitud de su compañera ministra.

Como ya publicó este blog el pasado 2 de agosto, el asunto es consecuencia de la pandemia que ha paralizado la temporada taurina. El Gobierno aprobó el 17 de marzo un Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del covid-19 que no afectaba a los toreros, porque no son autónomos ni se pueden acoger a un ERTE al mantener contratos laborales con distintas empresas, según la plaza en la que actúan.

Posteriormente, el 5 de mayo, se aprobó otro decreto que contenía medidas de apoyo al sector cultural que específicamente incluía a ‘los artistas en espectáculos públicos’.

Aquellos matadores, novilleros, rejoneadores picadores, banderilleros y mozos de espada que habían cotizado en 2019, pero no lo suficiente para acceder a una prestación habitual por desempleo, solicitaron al SEPE la ayuda prevista en este decreto para ‘los artistas’.

Las primeras solicitudes, no más de diez, fueron aceptadas, hasta que el ministerio de Trabajo ordenó lo contrario a las direcciones provinciales del SEPE, que ha denegado las casi 250 solicitudes de picadores y banderilleros presentadas porque no los reconocen como ‘artistas en espectáculos públicos’.

Entiende la UNPBE que la negativa de Trabajo tiene una motivación exclusivamente política por el hecho de que la ministra, miembro de Podemos, rechaza la fiesta de los toros.

Los profesionales taurinos estiman que la legalidad vigente les atribuye la condición de ‘artistas en espectáculos públicos’ porque así figura en el Real Decreto-ley 1435/1985 de 1 de agosto, que en el apartado tercero del artículo 1 señala que “están incluidas (…) todas las relaciones establecidas para la ejecución de actividades artísticas desarrolladas directamente ante el público o destinadas a la grabación de cualquier tipo para su difusión entre el mismo, en medios como el teatro, cine, radiodifusión, televisión, plazas de toros, instalaciones deportivas, circo, salas de fiestas, discotecas, y, en general, cualquier local destinado habitual o accidentalmente a espectáculos públicos, o a actuaciones de tipo artístico o de exhibición”.

A pesar de ello, Trabajo les niega la consideración de artistas y rechaza las solicitudes de ayudas.

Pero esta extraña relación entre los toreros y la administración pública no termina aquí. El siguiente capítulo alcanza ribetes curiosos, insólitos y peregrinos.

Cuentan David Prados y Antonio José Martínez que “Cultura aceptó desde el principio que las ayudas concedidas a otras disciplinas culturales también correspondían a los toreros, y tanto el ministro como el secretario general del ministerio reconocen la actividad taurina como un trabajo cultural”.

“Tanto es así”, prosiguen, “que son ellos quienes nos invitan a incluir en el borrador del decreto-ley de ayudas del 5 de mayo un texto a la medida del sector taurino para su aprobación en el Consejo de Ministros”.

Y así lo hacen. La sorpresa les llega cuando el Gobierno aprueba un texto definitivo y comprueban que ha desaparecido la alusión a los profesionales taurinos.

Pero hay más. Días después de que se conocieran las ayudas, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), dependiente de Cultura, publicó una circular informativa sobre el contenido del real decreto-ley en el que, entre otras cuestiones, explicaba cuál es la definición de ‘artistas en espectáculos públicos’. Para ello, repetía el párrafo citado unas líneas más arriba del decreto de 1985, pero las palabras ‘plazas de toros’ aparecían sustituidas por puntos suspensivos.

Añade David Prados, presidente de la UNPBE, que “el ministro de Cultura intentó consolarnos con la promesa de que el texto del decreto se modificaría en su convalidación parlamentaria”, prevista para el pasado 11 de julio, y aplazada, después, hasta septiembre. “Esperamos que para entonces se ofrezca una redacción nueva; parece que así está pactado entre los distintos grupos políticos”.

“Mientras tanto, el señor Rodríguez Uribe, ministro de Cultura, nos anima a recurrir las solicitudes denegadas por el ministerio de Trabajo”, prosigue Prados, “lo que carece de sentido; sería más lógico que él negociara con la ministra, que es miembro del mismo gobierno, en lugar de alentarnos a iniciar un proceso judicial”.

“Es evidente que la ministra de Trabajo pretende acabar con el sector”, tercia el asesor jurídico.

Las negociaciones con el ministerio están paralizadas; mejor dicho, no han existido nunca. Un encuentro previsto con el director general del SEPE fue suspendido un día antes de su celebración.

Sostiene Antonio José Martínez que, a su juicio, no se trata de una cuestión de dinero. Y ofrece dos razonamientos: el primero, que el montante económico de las ayudas que solicitan los toreros “es una mota de polvo en comparación con los ERTES concedidos”; y por otro lado, “el profesional al que se le deniega la prestación -785 euros- tiene derecho a una ayuda familiar -430 euros- como parado de larga duración; como se comprueba, la diferencia es mínima, de ahí que lo más grave es que Trabajo no quiere reconocer que ayuda a los toreros, y se les señala, al igual que en los regímenes totalitarios, como distintos con el fin de apartarlos de la sociedad”.

Hasta aquí el desarrollo de los acontecimientos. Extraños, pero dramáticos, según el testimonio de los dos representantes del sindicato taurino.

En el momento actual, los solicitantes que han visto denegado la petición han presentado una reclamación previa por vía administrativa. En total, unas 250 correspondientes a picadores y banderilleros, aunque podrían llegar a las 400 si se incluyen matadores, novilleros, rejoneadores y mozos de espada.

La respuesta oficial a la reclamación agota la vía administrativa. El siguiente paso es una demanda judicial ante los juzgados de lo social. Ya se han presentado seis: dos en Logroño, y una en Badajoz, Cáceres, Valencia y Segovia. “Nuestra intención”, concluye Martínez, “es presentar una demanda por cada una de las reclamaciones rechazadas”.

“Y si se demuestra que ha habido intencionalidad política, presentaremos una querella por prevaricación contra la ministra, como ya hemos hecho con el director del SEPE en Sevilla. Vamos a agotar todas las vías a nuestro alcance, porque los toreros tienen los mismos derechos que el resto de los trabajadores de otras disciplinas culturales”.

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