A la caza de los madereros ilegales que campan a sus anchas por el Amazonas | Planeta Futuro

Ha pasado ya la medianoche cuando una camioneta de la policía, acompañada por otra de las autoridades forestales, peina una pequeña pista de tierra que une dos comunidades, Papaplaya y San Antonio del Huallaga, en plena amazonia peruana. Sin más luz que los faros de las camionetas y unas pequeñas linternas con las que alumbran a los lados de la carretera desde el interior del vehículo, empiezan a descubrir los primeros listones de madera acopiados a la orilla del camino. Más adelante, en una pequeña curva, la misma escena. Y así hasta encontrar tres puntos en los que se había acopiado madera en un tramo de no más de dos kilómetros.

El convoy compuesto por tres camionetas y unas doce personas entre policías, guardas forestales, técnicos ingenieros de la Autoridad Regional Ambiental y un camarógrafo, deciden peinar a pie los alrededores en busca de un alijo de madera. Todavía en el camino y al poco tiempo de rebuscar con las linternas, se topan con la primera sorpresa. Escondidas bajo unas gigantescas ramas de palma, se hallan apiladas planchas de troncos de alta calidad. Justo al lado, se divisa una apertura que conduce al interior del bosque.

Restos de virutas, troncos cortados y restos inservibles, van descubriendo una cantera de extracción de madera. El panorama es impactante. Uno de los árboles derribados, listo para ser cortado en planchas, tiene un diámetro similar al tamaño de una persona. Algunos podrían tener más de doscientos años de vida. Pero la noche impide reconstruir los hechos por completo.

“Estamos encontrando bastantes evidencias de extracción de madera, lo que es un delito contra el patrimonio forestal y vamos a actuar. Ahora, se está haciendo una visita rápida pues la falta de luz ya no nos permite levantar más evidencias asi que mañana, con la luz natural, vamos a poder entrar a ambos lados de la carretera” explica Lucas Carranza, director del área de recursos naturales, uno de los mandos del operativo, y director de conservación de los recursos naturales de la Autoridad Regional Ambiental de San Martín.

El tráfico de madera es una de las actividades detrás de la deforestación de la selva amazónica peruana. Según la ONG Global Witness, se han talado en Perú más de 130.000 árboles ilegalmente en los últimos diez años dentro de un negocio ilícito que, según la ONU, movió en el mundo entre 45.000 y 135.000 millones de euros en 2016.

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La falta de recursos contra su lucha, la cooperación de las autoridades locales y la situación económica de los vecinos, permite que estos leñadores ilegales campen a sus anchas arrasando impunemente con la selva. De hecho, en el operativo llevado a cabo esa noche, los mandos prefirieron no contar con la colaboración de ningún tipo de autoridad local pues desconfiaban plenamente de ellos. Aseguraban que era casi imposible que no supieran que se estaba sacando troncos pues se requiere movimiento tanto de peones cortando y acopiando producto como de camiones para transportarla.

A la mañana siguiente, los efectivos se preparan para volver a peinar los puntos donde la noche antes encontraron las planchas y listones. Nuevamente en el terreno, y bajo la luz del sol, pueden constatar todavía más pruebas que ratifican que se está traficando. En otra de las canteras ilegal de extracción descubren que los peones habían construido un campamento con palos y ramas de palmas donde cobijarse del sol y almorzar pues todavía quedaban restos de comida y botellas de refresco. A un lado, unos recipientes ya agotados de aceite para el motor que utilizan para lubricar las motosierras. Y por todos los alrededores, árboles mutilados y recortes de los sobrantes de los troncos al convertirlos en planchas.

Observando detenidamente, puede apreciarse la técnica que usan para hacerse con la madera. Primero, realizan un corte, en diagonal y hasta la mitad, para que el árbol caiga hacia la dirección que ellos decidan. Después, realizan otro corte con la motosierra, esta vez limpio y recto, para que caiga por completo al suelo y desde ahí empiezan a trocearlo. Al realizar los hallazgos, los técnicos no solo recaban información sobre los tipos de madera y la cantidad encontrada si no que también georreferenciar el lugar para luego ver de quienes son los terrenos e investigar si los propietarios están detrás de esta actividad.

Al final de la jornada, se hace un balance del operativo. David del Río, responsable del puesto forestal del Pongo de Caynarachi, una provincia colindante, revisa la magnitud del alijo: “En el día de hoy hemos intervenido unos diez mil pies de la especie Quina Quina, Quinilla y Ana Caspi que podrían tener un valor en el mercado local de unos 25.000 soles peruanos (más de 6000 euros)”.

Lo cierto es que las cantidades que menciona David equivalen a menos de la mitad del producto incautado pues solo está contabilizando lo que estaba ya preparada en planchas y no toda la que se encontró a medio procesar en las canteras ilegales. Pero solo esa cantidad basta para llenar un camión de gran tonelaje. La que se encontró en las canteras y no pudo transportarse por falta de medios se destruye para imposibilitar su aprovechamiento.

Madera que se usa para viviendas

Estos tipos de madera se utilizan sobretodo para mueblería, parquets y hacer vigas para viviendas en todo del mundo. Los negocios pulen los tablones para que los cortes de las motosierras no se aprecien y parezca que la madera se ha obtenido legalmente. Luego, la venden a carpinteros locales.

“El aprovechamiento de recursos maderables ilícito es un delito tipificado dentro del código penal,” explica el comandante de la Policía Ecológica Joel Cruz. Y continúa, “acabamos de ver árboles inmensos talados y esto nos tiene que abrir los ojos para que hagamos patrullajes más constantes por estas zonas alejadas de la ciudad y para que si encontramos a estos delincuentes, los pongamos ante la justicia”.

La falta de recursos de las autoridades es una constante. Su manutención corre en ocasiones a cargo de una ONG local que lucha contra los delitos ambientales. La falta de coordinación, transporte, efectivos y herramientas impide descubrir más canteras e incluso dar con los responsables.

Es evidente la poca voluntad del gobierno peruano por cuidar sus bosques. Un claro ejemplo de ello es que el Servicio Nacional Forestal (SERFOR), encargado de proteger el patrimonio forestal del país, solo emplea a 760 personas. Estados Unidos, en el otro extremo y con solo un tercio de bosques más que el país andino, tiene a su disposición a más de 35.000 profesionales.

Acabar con este negocio ilícito es una quimera si no se aumentan los presupuestos para la lucha contra la tala ilegal de árboles y se acaba con toda la red de actores que la hacen posible, desde policías y autoridades locales, hasta algunos vecinos que, debido a la falta de trabajo, se emplean como peones a pesar de dañar su propio entorno.

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